Raúl Molina
El 17 de octubre de 2019, en Chile, las protestas estudiantiles ante el aumento de precio del metro se traducían en la evasión masiva del pago. Un día después, el 18, Santiago estaba en llamas; se había producido, de manera inesperada, el estallido social, que contaría en pocas horas con el respaldo de millones de personas. Dos expresiones clave permiten entender esta rebelión ciudadana, que hoy camina hacia la creación de un Estado distinto: “no son treinta pesos, son treinta años”, indicando que el aumento en el costo del metro fue la gota de agua ante tres decenios de frustraciones; y “en Chile nació el neoliberalismo y en Chile morirá”, al rechazarse esa versión del capitalismo. Guatemala se encuentra en etapa latente de estallido, en desarrollo desde 2015, cuando la ciudadanía se rebeló contra los robos y abusos de Otto Pérez y lo expulsó. No eran treinta años; eran más de sesenta desde la intervención estadounidense en 1954 y dos décadas de desperdicio de los Acuerdos de Paz.
Al caer Pérez, grupos corruptos en el Estado reaccionaron y lograron mantener el control político, haciendo presidente a Jimmy Morales. Sin duda el peor gobierno después de la transición a gobierno civil en 1986, su renuncia fue exigida constantemente a partir de 2017. No renunció; entregó la poca soberanía guatemalteca que restaba para obtener la protección de Trump. Su cuatro años sirvieron para desbaratar los mecanismos anti-corrupción que se habían establecido y lograr la consolidación de las mafias corruptas, así como el relevo por Giammattei, igualmente corrupto y para colmo represivo. En un año se ha equiparado con Morales como los dos peores gobernantes. Le hemos exigido la renuncia desde diversos sectores sociales y políticos y en varios momentos; pero, al carecer de ética, ha rechazado la demanda. En gesto de político capaz, que supo entender la indignación ciudadana, su vicepresidente le propuso la renuncia conjunta, para allanar la solución de la crisis política provocada por el presupuesto para 2021. Pese a millonario endeudamiento para enfrentar la pandemia del COVID-19, se ha tenido escasez de pruebas a lo largo de todo el período y recientemente se conoció el fraude de las “pruebas falsas”. Hoy se vive, con aumento de contagios y de muertes, el fraude de las vacunas, que no llegan, y tampoco hay sistema de vacunación. Los atracos estatales se producen de manera imparable, mientras que Giammattei da beneficio de la duda y aduce presunción de inocencia para sus compinches. Son constantes los abusos del gobierno para hacer prevalecer sus mezquinos intereses, como ha ocurrido con la Corte de Constitucionalidad. Es un gobierno sumido en el fango de la corrupción, que goza y otorga impunidad a delincuentes y criminales. La solución sólo puede llegar con la continuidad del estallido social, pese a acciones violentas del gobierno el pasado 21 de noviembre. Tendrá que ser generalizado, con participación de la ciudadanía honesta; creativa, para idear los mecanismos que funcionen; unitaria, en torno a la causa y no a figuras políticas; y firme, para acabar con la lacra que nos ha castigado por diez años.
