José Roberto Alejos Cámbara
Cuando participé en la primera legislatura para elegir a los integrantes de lo que sería la primera Corte Suprema de Justicia y Organismo Judicial, los procesos se apegaban estrictamente a lo que establecía la Constitución Política en aquel entonces. No existía una Instancia de Jefes de Bloque, que insisto, vino a restarle poder y a debilitar al sistema de partidos políticos, porque ahora el Comité Ejecutivo no incide sobre lo que el bloque parlamentario decida.
Los nombres de los candidatos se discutían en cada partido y después, como Congreso, éramos invitados para externar postura y manifestar alguna inconformidad (tacha) que pudiera desprestigiar el proceso de elección.
Cuando regresé a la política, ya todo había cambiado, lamentablemente para mal. Recordarán que aprobamos la Ley de Comisiones de Postulación a pesar de que la Reforma Constitucional se realizó en 1993. Los hechos demostraban las componendas que hacían cada vez difícil escoger a personas idóneas e imparciales. Un incidente me envió al hospital, y a pesar de la operación, regresé a las 48 horas a recibir el listado de donde teníamos que escoger.
El proceso fue participativo, listados abiertos a la opinión pública y se incluyó a la CICIG para que emitiera opinión sobre algún señalamiento contra los candidatos. Todos los bloques participaron, aportaron y eligieron en condiciones similares a las que la actual Corte de Constitucionalidad estableció para la elección que se está llevando a cabo en el Congreso de la República.
Voto público, a viva voz y pronunciándose por cada uno de quienes integraban las listas. Aunque no todos estuvieron de acuerdo, los vetos fueron tomados en cuenta y los candidatos con señalamientos fueron excluidos.
Recién se había dado una de las tantas malas experiencias de la Reforma Constitucional; y la Corte no alcanzaba acuerdos sobre quién sería el presidente para el último año, el magistrado Rubén Eliú Higueros Vocal I, quien ya había sido presidente (2006-2007), fungió como tal por varios meses hasta que se eligió al magistrado Carlos Gilberto Chacón Torrebiarte. Esto provocó la renuncia del magistrado Humberto Gracioso Bonetto manifestando su inconformidad con el proceso y señalando irrespeto a los acuerdos previos. Ya andábamos mal.
En su momento, diputados de distintos partidos me presentaron al abogado Erick Álvarez y aseguraban que era uno de los que llenaban los requisitos para la Suprema. Se votó en orden alfabético, él fue el primero en ser votado y obtuvo un considerable número de votos, producto de un gran acuerdo, pero al votar por la segunda persona, esta obtuvo un voto menos, y así quienes siguieron en lista. Pregunté a los diputados Leonel Soto Arango, Luis Fernando Pérez, y al maestro Oliverio García Rodas por la razón, y este último me dijo: “No seas tonto, quien obtenga más votos será el Vocal I y ocupará la Presidencia si no se ponen de acuerdo, como sucedió el último año.”
Entonces…entendí la razón por la que los jueces empezaron a buscar a los políticos, no porque no cumplieran con los requisitos, sino porque muchos temas podían trabajarlos juntos. Ese proceso fue bueno, pero de allí en adelante, y a raíz de los vetos de la CICIG, todo se empezó a negociar de otra manera. Continuará…
