Samuel Flores
El viernes 13 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso del coronavirus COVID-19 en el país. Esa fecha nos cambió la vida porque afrontamos una pandemia que persiste un año después. El año pasado está marcado por el desempleo, incremento de la pobreza, muertes, llanto, dolor, incertidumbre, pero también fuimos testigos de la responsabilidad, disciplina, valor, de hombres y mujeres que pese a la adversidad continuaron luchando por sus familias. La pandemia deja hasta hoy 6,479 fallecidos y 178,770 casos acumulados.
El confinamiento decretado por las autoridades en los primeros meses de la pandemia fue un golpe para la economía familiar, que con estimaciones del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), provocó la desaparición de 78 mil plazas formales de empleo. Los trabajadores de restaurantes, hoteles y otros servicios fueron despedidos sin haber recibido su indemnización. Fueron contadas las empresas que velaron por atender prestaciones de sus trabajadores. La economía informal fue la más castigada, los comercios en mercados y pequeños negocios sufrieron pérdidas constantes.
El domingo 22 de marzo cobra vigencia un toque de queda a nivel nacional que se inicia a las 04:00 p.m. hasta las 04:00 a.m. del día siguiente. Esa severa restricción tenía como excepción a los agentes de la PNC, seguridad privada, profesionales de la medicina y ambulancias, entrega de alimentos, y otro personal esencial. El 1 de octubre del mismo año fue suprimida esa restricción.
Pese a los préstamos millonarios que el Congreso aprobó a la Presidencia para atender a la población azotada por la pandemia, la deficiente y oscura ejecución presupuestaria de 10 programas de asistencia generó críticas y demandas de la población que en su mayoría no tuvo acceso a esos recursos.
De acuerdo con el ICEFI, en 2020 el gobierno ejecutó el 89.7% (Q96,625.7 millones) de un techo presupuestario de (Q107,760.7 millones), dejando de ejecutar Q11,135.3 millones.
En ese mismo período, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, MSPAS, contó con un presupuesto de Q9,963.16 millones, principalmente para atender la pandemia por COVID-19. Pese a las necesidades en los puestos y centros de salud, hospitales y otros establecimientos, el Ministerio de Salud dejó de ejecutar Q1,344.25 millones, lo cual evidencia el deficiente manejo de la crisis sanitaria, de acuerdo con el Instituto por la Democracia, ID.
Entre las deficiencias y opacidad en el manejo de los recursos del MSPAS destaca la indignante compra de 30 mil pruebas falsas para detectar COVID-19 en Huehuetenango, por un valor de Q7.3 millones.
Los más de ocho millones de indígenas y campesinos que habitan comunidades del área rural fueron castigados por la ineficiencia del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA, cuya institución contaba con un presupuesto de Q1,587.10 millones, dejando de ejecutar Q464.68 millones, según Congcoop.
A un año de registrado el primer caso de COVID-19 en Guatemala, el gobierno se ha destacado por haber afrontado de forma deficiente y bajo la sombra de actos de corrupción el manejo de los recursos orientados a la emergencia.
