Juan Antonio Mazariegos G.
Las últimas semanas, distintos medios de prensa han puesto en conocimiento de la opinión pública, la existencia de un conflicto de tierras que se desarrolla en la zona 21 de la Ciudad de Guatemala, en el proyecto habitacional Nimajuyú, en donde un grupo de personas, evidentemente organizados, tratan de invadir el área verde del complejo y se enfrentan a la férrea oposición de los vecinos y propietarios de los apartamentos que buscan impedir dicha invasión.
Nimajuyú es un complejo de dos fases que se construyeron durante las décadas de los años 70 y 80, con cerca de 3,500 unidades habitacionales, dentro de un programa de viviendas populares impulsado durante el gobierno de Arana Osorio y concluido durante el régimen de Romeo Lucas García. El proyecto, generado en su segunda etapa por el desaparecido Banco Nacional de la Vivienda (Banvi), pasó a control del Estado luego de la liquidación del Banco en cuestión y de conformidad con un artículo publicado por el matutino Prensa Libre en su edición del día de ayer, su propiedad es actualmente del Estado pero el mismo pretende donarlo a la Municipalidad de Guatemala.
Con independencia de quien sea el propietario actual de las áreas verdes en cuestión, o cual sea el uso que se haya pretendido dar a las mismas en el pasado, es evidente que nos encontramos ante medidas de hecho que son tomadas por un grupo organizado que actúa coordinadamente y contra el cual el Estado debe actuar en el ejercicio de sus funciones y al amparo de la ley, para evitar que los vecinos o el mismo Estado sean despojados de esas áreas mediante esas medidas de hecho.
Sin duda alguna, el déficit habitacional de Guatemala es gigantesco y la pandemia de Covid-19, no ha hecho más agravar que la situación, sea por la suspensión de ingresos de las personas que cada vez más, ven mermados los mismos y con ello la posibilidad de adquirir una vivienda o bien las medidas que ha tenido que tomar la industria de la construcción para paliar la crisis, sea por la implementación de protocolos de salubridad, o por el retraso que sufrió la economía en general.
El acceso a una vivienda digna no es solo un derecho, es también un anhelo de cualquier persona y el Estado está obligado a buscar los mecanismos que permitan que la brecha entre la demanda y la oferta, en ese ámbito, se cierre en función de que todas las personas puedan tener acceso a ella. Programas como los de la vivienda prioritaria deben incentivarse de manera tal que la mayor parte de guatemaltecos puedan gozar de sus beneficios. Es indispensable que el Estado garantice la libre y pacífica propiedad, así como también que satisfaga las necesidades de alimentación, salud, educación y vivienda. No hacerlo es preparar el caldo de cultivo que servirá de base a la conflictividad y la inestabilidad que no es justo que sufran los vecinos de Nimajuyú.
