Julio Roberto Bermejo González
Doctor en Derecho
El año 2015 fue un año de mucha esperanza para la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala, porque la CICIG estaba atacando fuertemente la corrupción en el gobierno y en importantes sectores de la iniciativa privada. Se dieron acciones que los corruptos no se imaginaban y muchos que se creían intocables pararon enfrentando procesos penales y en la cárcel. Los funcionarios afectados y los sectores corruptos de la iniciativa privada no lo concebían y construyeron un poderoso frente económico que presionó y la CICIG perdió el apoyo del gobierno de los Estados Unidos bajo el gobierno de Trump. Ciertos sectores de la iniciativa privada incrustados en el CACIF apoyaron ésta lucha y temporalmente la ganaron. A partir de este momento la corrupción y el narcotráfico expandió su acción fuertemente apoyada por el gobierno de Jimmy Morales. A partir de enero de 2020, con el gobierno de Giammattei la corrupción y el descaro en el actuar ilegal de los funcionarios se ha profundizado y la actividad de los narcotraficantes ha crecido en una forma alarmante, no obstante el mentiroso mensaje del Presidente Giammattei de que combatiría la corrupción en el gobierno y que no quería ser recordado como un gobernante corrupto. La realidad que se vive en el momento denota totalmente lo contrario. Su gobierno empezó manipulando al Congreso de la República, el que se ha convertido en uno de los organismos más corruptos que la vida política nacional ha conocido. El actuar negligente del Congreso en la elección de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones pone de manifiesto el desorden y la corrupción existente entre los señores Diputados, con las excepciones conocidas. Una evidencia más de la corrupción en el Congreso es la elección del miembro que le corresponde elegir para integrar la Corte de Constitucionalidad, admitiendo candidatos que su actuar público y profesional está muy lejos de los requisitos de experiencia, capacidad, honorabilidad, idoneidad y solvencia moral en su actuación en la vida privada y pública.
Es inadmisible que un profesional del derecho que tenga vinculaciones políticas partidarias evidentes y reconocidas pueda aspirar a un puesto en la Corte de Constitucionalidad y ésta es la situación de varios de los candidatos que se han presentado ante el Congreso de la República. Se vislumbran actitudes entre los Diputados para elegir a candidatos no idóneos, por tener éstos vinculaciones políticas que comprometerían su solvencia e independencia.
Al presidente de la República, en Consejo de Ministros, le corresponde también elegir a un magistrado para integrar la Corte de Constitucionalidad y no obstante que tiene que contar con el voto favorable del Consejo de Ministros, se percibe por su falta de transparencia en el actuar que forzará a elegir a alguien políticamente vinculado a él, extremo que desnaturalizaría la independiente y transparente actuación de un miembro en el seno de la Corte de Constitucionalidad. En el caso del señor Presidente de la República no se percibe en él el actuar más equilibrado y más acorde a un criterio de respeto a la función suprema que le corresponde a la Corte de Constitucionalidad. La elección que le corresponde al Presidente de la República, deja dudas, y esto unido a los altos niveles de corrupción que se manifiestan en el Organismo Ejecutivo es verdaderamente decepcionante. Si el Presidente Giammattei no desea que en el futuro el pueblo de Guatemala lo juzgue como un político corrupto, debe desempeñarse con transparencia. En el actuar de un presidente, no es aceptable que se desempeñe caprichosamente y de espaldas a la opinión popular, porque la historia le va a juzgar con dureza.
