Emilio Matta Saravia
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El jueves de la semana antepasada Codeca hizo una serie de manifestaciones en distintos puntos de la capital y del interior del país. El objetivo de la marcha era protestar contra el presidente Alejandro Giammattei y la fiscal general Consuelo Porras y también plantear una iniciativa de ley para estatizar los bienes privatizados por distintos gobiernos.
Personalmente considero que nacionalizar o estatizar empresas es una medida equivocada desde un punto de vista económico. Basta con tener mi edad y recordar en la década de los 80’s del siglo pasado, lo difícil que era conseguir una línea telefónica en el monopolio estatal de Guatel. Para obtenerla en 2 o 3 meses, había que pagar hasta tres mil quetzales (tres mil dólares en aquella época) de coima. Si uno no la pagaba, no tenía línea telefónica. Eso era en la ciudad capital. En ciudades como Cobán, por ejemplo, Guatel (la empresa estatal de telefonía), tenía una agencia en el centro donde uno iba a hacer largas colas para realizar sus llamadas, ya que ni los hoteles tenían servicio de línea telefónica en las habitaciones. Todo lo anterior no me lo contó mi abuelito, lo viví en carne propia. Obtener una línea telefónica hoy en día, sea fija o celular, es un trámite sencillo a un costo bajísimo.
Sin embargo, solo por el hecho de no estar de acuerdo con esta iniciativa propuesta por Codeca no significa que pienso que la misma debe ser desechada. Al contrario, considero imprescindible que el gobierno que preside Giammattei le debe dar la debida importancia a dicha iniciativa. Codeca representa a un amplio sector de campesinos que deben ser escuchados y sus propuestas atendidas de la misma forma en que el gobierno atiende a otros grupos. No hacerlo sería, no sólo una falta de respeto hacia los campesinos que este grupo representa, sino también una clara muestra de la soberbia y la prepotencia con la que este gobierno ha tratado a sectores que le han sido incómodos. Basta ver el video del presidente Giammattei en San Juan Comalapa increpando a Santos Julián Bal (autoridad ancestral) para entender cómo ve el presidente a los pueblos originarios.
La conflictividad que se vive en el interior del país, principalmente en el área rural, no es nueva y es un tema olvidado por la sucesión de lamentables (des)gobiernos que hemos tenido a lo largo de nuestra incipiente era “democrática». Es mucho más fácil darle la espalda al campesino que escucharlo y tratar de empatizar con su situación. Uno de los principales focos de conflictividad es el alto costo de la energía eléctrica. Lo que en realidad encarece la factura eléctrica es la tasa de alumbrado público, arbitrio municipal que antojadizamente imponen los concejos municipales y que es incluido en la factura de electricidad.
Si de verdad se quiere resolver el tema de la conflictividad rural, el gobierno debe poner atención y escuchar cuáles son las principales demandas de las poblaciones donde hay conflictos e iniciar mecanismos de resolución de conflictos, como el diálogo abierto, con estas comunidades. No escucharlos será un error que más adelante, se pagará muy caro.
