Juan José Narciso Chúa

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Guatemalteco. Estudió en el Instituto Nacional Central para Varones, se graduó en la Escuela de Comercio. Obtuvo su licenciatura en la USAC, en la Facultad de Ciencias Económicas, luego obtuvo su Maestría en Administración Pública INAP-USAC y estudió Economía en la University of New Mexico, EEUU. Ha sido consultor para organismos internacionales como el PNUD, BID, Banco Mundial, IICA, The Nature Conservancy. Colaboró en la fundación de FLACSO Guatemala. Ha prestado servicio público como asesor en el Ministerio de Finanzas Públicas, Secretario Ejecutivo de CONAP, Ministro Consejero en la Embajada de Guatemala en México y Viceministro de Energía. Investigador en la DIGI-USAC, la PDH y el IDIES en la URL. Tiene publicaciones para FLACSO, la CIDH, IPNUSAC y CLACSO. Es columnista de opinión y escritor en la sección cultural del Diario La Hora desde 2010

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Juan José Narciso Chúa

La inversión constituye una de las actividades económicas fundamentales para un país. La misma implica la generación de empresas, con aportaciones de capital, la contratación de personal, la introducción de tecnologías recientes, la disponibilidad de bienes y servicios para el mercado interno y el comercio internacional, el pago correspondiente de los impuestos y con todo ello la generación de un valioso valor agregado para una sociedad.

La inversión pública en Guatemala se ha mantenido en niveles bajos durante ya muchos años, con lo cual la potencialidad de apalancar la inversión privada por medio de la inversión pública se torna sumamente escasa. De igual forma, el crecimiento del gasto público prioriza mayormente el crecimiento del gasto de funcionamiento y ahora el servicio de la deuda con respecto la inversión pública.

La inversión privada, por su parte, demanda de aspectos claves para ejercer su función. Por ejemplo, el tiempo necesario para constituir una empresa, la certeza jurídica en la cual descansa el funcionamiento legal de la misma, el entorno tributario en el cual se desenvuelve, que implica, qué impuestos van a gravar a determinada empresa, el procedimiento expedito para el pago correspondiente de los impuestos, una oferta importante de mano de obra calificada y no calificada, la facilidad para la internación o importación de tecnología, el entorno en el cual se desenvuelven las ventas; entre los principales.

Un elemento que es clave para una empresa, es que exista un mercado abierto y desconcentrado con distintas empresas que se encuentren en una dinámica de competencia, que permita la entrada de empresas, facilite la salida y el Estado garantice que cualquier alteración a la competencia será regulada o penada, así como evitar, en la medida de lo posible, la presencia de mercados imperfectos, en cualquiera de sus expresiones, para lo cual el Estado debería de utilizar la capacidad de regulación, técnicamente bien entendida, no el cobro de coimas y comisiones como se estila en Guatemala.

Pero más allá de ello, se demanda que un país cuente con un país en donde existan garantías mínimas y explícitas para el funcionamiento de empresa. Dentro de éstas se encuentran, por ejemplo: Un Estado de Derecho adecuado, claro y efectivo; un conjunto de instituciones de justicia que aseguren el cumplimiento irrestricto de la ley; en el caso de Guatemala un tribunal constitucional que goce de independencia de criterio, que responda a su mandato constitucional y las leyes del país, que no se encuentre vinculado –abiertamente o no–, a posiciones políticas o sesgado a intereses económicos particulares.

Esta última condición, en la actualidad muestra una enorme debilidad interna, pero también una enorme exposición internacional, cuando cada uno de los organismos se prepara a elegir justamente en forma contraria a la mencionada. Los requisitos iniciales para ser magistrado son capacidad, idoneidad y honradez, estos son básicamente los principios que deberían de regir la elección de los magistrados, con estos tres elementos ciertamente valorativos pero trascendentales, se aseguraría la selección de candidatos de alto nivel de conocimiento, de idoneidad con la justicia y con la honradez demostrada en su hoja de vida.

Los candidatos a magistrados que se aprestan a elegir tanto en la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República y el Ejecutivo, más aquellos que provienen de la USAC y del Colegio de Abogados, muestran, hasta hoy, un perfil alejado de dichos aspectos. Una vergüenza nacional será la elección de Dina Ochoa o Patricia Valdez, Luis Rosales, de Hugo Pérez Aguilera o de Molina Barreto o de Omar Barrios en la USAC y del ya electo por el CANG.

Por qué no abogados como María Eugenia Morales, Alejandro Balsells, Gloria Porras, Álvaro Castellanos, Eduardo Mayora, Delia Dávila, Francisco Rivas, Astrid Lemus, Rolando Palomo, Mario Luján. Persistir en el error es asegurar la continuidad, nuestro país necesita transformaciones, no cambios para no cambiar nada. Como vamos hasta ahora, terminaremos siendo el país de las mafias.

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