Walter Juárez Estrada
El Estado está obligado a velar por la salud y asistencia social de todos los guatemaltecos, sin distingo de clase, religión o credo político, pero desafortunadamente en la práctica, todo son discursos politiqueros populistas para captar adeptos y supuestamente para borrar las cosas malas y la corrupción que es una herencia de todos los gobiernos. Con el Covid-19 que ha golpeado al mundo, la realidad pinta un panorama desolador de angustia y zozobra. Giammatei, no tomó en su momento las providencias necesarias para acelerar la aplicación de la vacuna, quedando relegado, adelantándose otros países con menos habitantes que el nuestro, El Salvador, Costa Rica, ente otros.
Salud Pública emitió el acuerdo que establece casos de epidemia y los riesgos socioambientales; en el documento, hace una serie de consideraciones que denotan a simple vista, que la aplicación de la vacuna, no tiene efectividad, y es otra cosa de lo que se ha pregonado a los cuatro vientos, pone en duda su efectividad y así lo han hecho ver, quienes han sido entrevistados. Además, no explican si la vacuna que van a suministrar, tiene el aval de la Organización mundial de la Salud. Y tampoco dicen el nombre de la vacuna que van a comprar.
Dice el acuerdo que “se mantendrá el control y vigilancia sobre la acción de los productos farmáceuticos, que una comisión ad hoc se encargará de vigilar la acción de uso de los medicamentos, sobre su eficacia y efectividad”. Más claro no canta un gallo. Cualquier analfabeta y niófito en el tema, lo puede entender. Pero lo grave del acuerdo dice que “los fabricantes de las vacunas han establecido, como “condición” la excepción de “responsabilidad”. O sea así de fácil que a quien se le suministre la vacuna tiene el peligro de morir por su aplicación. En otras palabras que queda exento de responsabilidades civiles y penales, porque previamente a la aplicación de la dosis, se le compele a firmar un documento donde asegura que no tiene derecho de accionar por ninguna vía, ni contra el Gobierno, ni las farmacéuticas, violándose a si, su derecho de defensa, como dice la Constitución.
El gobierno previamente a faccionar, el acuerdo de marras, pidió al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la Nación, se pronuncian en torno a ese “blindaje” lo que creemos que es un error de forma y de fondo; los diputados se han pronunciado en torno a ese beneficio y podría ser que un iluso promueva una acción de amparo, para revocar o modificar el acuerdo, al eximir de toda responsabilidad a los entes involucrados, si el que recibe la dosis podría morir por el efecto del suministro de la vacuna.
La responsabilidad recáe directamente en el presidente Giammatei y la ministra Amelia Flores, que por supuesto no actúo sola para que el acuerdo en referencia se redactara en esa forma, pues por supuesto fue por instrucciones precisas de su jefe inmediato y el gobernante, siendo médico, no debió aceptar las presiones de la farmacéutica, porque se pone en riesgo la vida de los que recibirán la dosis. Por las políticas erráticas y precipitadas del mandatario, se ha ganado la antipatía de muchos.
