El escándalo de las pruebas falsas que compró el Estado para detectar casos de Covid es enorme pero la opinión pública lo ve como parte del paisaje y aquel aire con remolino que debiera haber provocado un acto tan criminal que ponía en peligro la vida de miles de personas, posiblemente contagiadas, no se produce en medio de la apática opinión pública que, por lo visto, está dispuesta a tolerar los peores y más groseros abusos. Pero hay que entender bien por qué ocurren esas cosas puesto que si bien son el pan de cada día, también son resultado de cuidadosas planificaciones.
Se dijo, desde la campaña, que poderosas empresas farmacéuticas eran de las financistas de la campaña de Alejandro Giammattei en busca de la presidencia y hasta fue señalada específicamente quien hoy es su Secretaria General como pieza clave del andamiaje. El nombramiento de Hugo Monroy como Ministro de Salud, tomando en cuenta que en su currículum se podía ver que había sido funcionario de laboratorios de los que proveen al Estado, daba luces sobre qué era lo que se tenía previsto y planificado para ese ministerio y por ello una persona cercana al presidente y su entorno fue designado para ser el encargado de todas las compras y adquisiciones que se harían en el área de salud.
Es historia que obviamente Monroy no tenía idea de cómo actuar cuando lo que se le vino encima no fue una ola de negocios sino una ola de contagios en medio de una pandemia universal. Él no había sido seleccionado para ocuparse de la salud pública sino de los negocios en salud pública que es muy diferente y para ello se había conformado el equipo. Obviamente la pieza clave, desde el punto de vista operativo, era quien sería el encargado administrativamente de las compras porque esa posición era crucial para lograr los objetivos del verdadero plan de gobierno, no ese que se promociona y que contiene millones de palabras vacías para dormirse a los incautos, sino el verdadero, el que realmente se persigue al llegar al poder. Recordemos que el otro tenía propuestas como la de acabar con la SAAS y el Parlacen y combatir la corrupción, cosas que evidentemente no figuraban en el verdadero.
Digo todo esto porque ese mismo encargado de la función administrativa se quedó trabajando con la nueva administración de salud cuando Monroy salió desbordado por el avance de la enfermedad y la ausencia de respuesta. Y la adquisición de las pruebas falsas pasó por esa oficina y la supervisó ese funcionario que luego fue ascendido a Viceministro de Cultura.
Es la única razón que encuentro para entender la forma en que el Presidente de la República se metió a defender al funcionario y a tipificar el negocio no como un delito sino como una especie de “irresponsabilidad administrativa”, conclusión a la que llega luego de las “investigaciones” de su Comisión contra la Corrupción que no ha visto cosa del otro mundo en el negocio.
Si entendemos qué se pretendía de salud y por qué se armó el equipo que llegó en enero de 2020 al ministerio, entender el resto no es cosa del otro mundo.
