Factor Méndez Doninelli
Para que los jóvenes guatemaltecos refresquen la historia reciente de terribles hechos ocurridos en el país. Este año se cumple en Guatemala el 25 aniversario de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, suscrito el 29 de diciembre de 1996 entre el Gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) expresión unitaria de las organizaciones insurgentes. Este Acuerdo puso fin a 36 años de conflicto armado (1960-1996) que debido a las prácticas contrainsurgentes inhumanas y sangrientas de las dictaduras militares, significó un elevado costo social que superó las 200 mil ejecuciones sumarias y extrajudiciales, 45 mil detenciones ilegales, arbitrarias, desapariciones forzadas o involuntarias, un millón de desplazados internos, 500 mil refugiados y más de 663 masacres cometidas en contra de comunidades indígenas y campesinas. 25 años después del cese al fuego, miles de familiares de las víctimas continúan sin recibir ningún resarcimiento y otras miles siguen buscando a sus familiares detenidos, torturados y desaparecidos.
Por esas razones, el 25 de febrero se estableció el Día de la Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, el propósito es dignificar a los mártires, reconstruir la historia y rescatar la memoria histórica tan importante en este país centroamericano, porque desde el Gobierno, algunos congresistas, jueces deshonestos, las élites, lacayos, testaferros y hasta expresiones sociales conservadoras insisten en el intento de sembrar amnesia colectiva entre la población, no quieren que se hable de ese nefasto pasado, pretenden impedir que se recuerde a las víctimas de esa brutalidad, niegan el genocidio, así como las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos (DDHH) que cometieron los militares en contra de la población civil.
Esta vez, la Plataforma Nacional de Organizaciones de Víctimas del Conflicto Armado Interno, de defensa de derechos humanos y de sociedad civil impulsaron un programa de actividades públicas organizando foros, debates, marchas y homenajes de todo tipo realizados en la ciudad capital de Guatemala y en otros departamentos del país; entre estas destacan una ceremonia Maya en memoria de los desaparecidos, realizada en la plaza central y otra en Nebaj, Quiché, un territorio de población indígena de la región Ixil, que durante ese conflicto fue salvajemente castigada por las prácticas contrainsurgentes del ejército guatemalteco que realizó masacres y cometió genocidio en contra de esa etnia Maya. Cabe recordar que en aquel período, las políticas contrainsurgentes eran parte de la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN) implantada por el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica en América Latina, con el objetivo de “combatir el avance del comunismo”. Fue en nombre de la DSN que se promovieron las dictaduras militares y con ellas aumentó la intolerancia, los abusos graves y sistemáticos de DDHH, los crímenes de lesa humanidad, las torturas, los tratos crueles e inhumanos practicados contra los adversarios políticos y cualquier otro divergente.
En Guatemala está probado que hubo genocidio, se aplicó la tierra arrasada, se segregó a comunidades indígenas, se reprimió a la población, a la academia, a organizaciones campesinas, estudiantiles, sindicales, gremiales, profesionales, religiosas, es decir, que en el ejercicio del Poder Público los militares incurrieron en conductas graves violando sistemáticamente los DDHH de la población.
Razón tienen los familiares de víctimas y sus organizaciones, que ante la indolencia del Estado continúan exigiendo verdad, memoria y justicia.
