La premonición que hizo el abogado César Augusto Toledo Peñate cuando en el Consejo de Estado en tiempos de Ríos Montt se definió la existencia y forma de conformar el Tribunal Supremo Electoral se ha cumplido al pie de la letra. Dijo entonces el letrado que la idea de sustraer la nominación de candidatos al sector político y confiar en el académico era una buena idea pero que, tristemente, lo que pasaría es que se iba a prostituir la academia.
La reforma constitucional de tiempos de Ramiro de León Carpio, pretendiendo sanear la justicia y hasta las entidades a cargo del control y fiscalización, creó comisiones de postulación a granel y la prostitución anunciada fue aún exponencial. Colegios profesionales y universidades, que se había supuesto serían la salvaguarda del cumplimiento de los requisitos de capacidad, idoneidad y honradez, terminaron siendo caldo de cultivo para las mafias y de esa cuenta surgen todos los procedimientos amañados para escoger magistrados, contralores y los responsables de velar por el cumplimiento de la ley.
No bastó la creación de universidades de garaje, que proliferaron para tener control de las postulaciones, sino que además los cargos en la universidad nacional y en los colegios profesionales generaron campañas tan millonarias que literalmente sólo las mafias podían financiar y la gente decente se ausentó de la actividad gremial ante la avalancha de pisto y la ostentación que hacían los que lo gastaban.
Ser presidente de un Colegio profesional había sido un cargo reservado para los prestigiosos y decentes antes de que viniera toda esta podredumbre. No digamos las decanaturas y la misma Rectoría de la Universidad de San Carlos a donde históricamente llegaban profesionales no sólo idóneos y honestos, sino sobre todo prestigiosos que eran seleccionados porque tenerlos era un orgullo para la comunidad académica. La intención de sanear al país confiando a la academia importantes postulaciones terminó prostituyendo por completo a esa academia.
Pero no contentas las mafias con ejercer tan funesto control, todavía emprendieron la operación con las famosas comisiones paralelas descubiertas por la CICIG y la FECI, que operaron para la integración de la actual Corte y las actuales Salas pero que con una versión renovada planificaron, bajo la dirección de Gustavo Alejos, la cooptación final de todo el sistema para asegurar la impunidad que los corruptos necesitan con urgencia para librarse del castigo que les corresponde.
Hoy la FECI da otro golpe a esas comisiones con investigaciones que derivan en nuevas capturas que, por enésima vez, confirman que el crimen organizado controla al Estado de Guatemala.
