Emilio Matta Saravia
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En logística, retrasarse algunas horas, no digamos días o semanas, para ejecutar una tarea, normalmente se paga muy caro, ya sea con incrementos importantes en los costos de transporte porque los mismos deben ser aéreos para compensar el tiempo perdido, o simplemente quedarse sin un insumo o producto para la venta. Especialmente si todos los países del mundo buscan exactamente el mismo producto.
En Guatemala ocurrió lo mismo para la adquisición de las vacunas para COVID-19. Al no tener preparada la ley de compra directa de las vacunas en 2020, a pesar de los avances de los distintos fabricantes, en las distintas instancias que las aprobaban (las prioridades eran otras, como aprobar con alevosía y nocturnidad un presupuesto desfinanciado y que a la fecha no ha llenado todos los requisitos legales), la misma se hizo hasta en enero de este año y para colmo tardó más de una semana en ser sancionada por el Presidente, quien andaba “de arriba para abajo” viajando por el pais, pero no se pudo tomar ni una hora para leerla y aprobarla en el helicóptero, en el cual seguramente viaja.
Esto motivó que hasta a finales de enero se pudieran principiar las negociaciones con los distintos laboratorios fabricantes de la vacuna, logrando fijar los despachos de las distintas vacunas para marzo y abril. La única vacuna que vendrá en febrero, mes en que las autoridades del gobierno indicaron que vendría el primer lote comprado bajo el mecanismo COVAX, será la donación de 5,000 dosis que el gobierno de Israel amablemente donó a Guatemala. Queda aún por verse si no habrá más retrasos en las futuras entregas, ya que la demanda es gigantesca y los fabricantes probablemente tendrán problemas para abastecerla. Y las dosis compradas alcanzarán para unas 6 millones de personas, aproximadamente, por lo que habrá que prepararse consiguiendo más dosis para cubrir a toda la población que se espera vacunar.
A lo anterior se debe sumar el componente de la corrupción, tan presente en nuestro país y en este gobierno. Ya esta semana la Ministra de Salud denunció una compra anómala de pruebas de COVID falsas por 7.3 millones de quetzales. El hecho llora sangre por las implicaciones que puede llegar a tener en las personas a quienes les aplicaron las pruebas falsas y su diagnóstico obviamente fue incorrecto. Y llora más sangre aún que el Presidente trate de minimizar el hecho indicando que “su” comisión dizque contra la corrupción (que en realidad fue hecha a su medida para no molestarlo a él y ni a su círculo) daba “otras luces que no es exactamente lo que dice -el Ministerio de- Salud”. Bochornosa actitud del gobernante, que debería, cuando menos, separar temporalmente del cargo al Viceministro de Cultura y Deportes (respetando su presunción de inocencia, como dice la Constitución) mientras se esclarecen los hechos.
Vivimos en un país en el que la corrupción es la constante en todas las esferas de la vida cotidiana, y en el que la indolencia y la pasividad ciudadana ante tanta corrupción y tanto cinismo de las autoridades nos condenará a seguir siendo siempre un país tercermundista.
