Carlos Rolando Yax Medrano
La Corte de Constitucionalidad apareció por primera vez en Guatemala durante 1965, para garantizar que la Constitución sea la máxima ley de todas y para convertir las letras “muertas” de la Constitución en una realidad viva que se cumpla. Sin embargo, hablar de justicia en nuestro país siempre ha sido como ver una película de ciencia ficción. La única ley que pareciera aplicarse es la del más vivo.
Su función es defender el orden que establece la Constitución Política de la República y debe ser independiente de los organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Se supone, entonces, que la Corte de Constitucionalidad debe funcionar con libertad, sin la influencia de cualquier funcionario público como los diputados, el Presidente o los jueces. Esto para garantizar que ningún político se aproveche y use la Constitución para favorecerse.
Está formada por diez magistrados, cinco titulares y cinco suplentes en caso de que uno de los titulares deba ser sustituido. ¿Cómo llegan ahí esos magistrados? Cada cinco años el Congreso de la República, el Presidente y sus ministros, la Corte Suprema de Justicia, la Usac y el Colegio de Abogados ponen a un magistrado titular y a un magistrado suplente, cada uno.
Sí, se supone que la Corte de Constitucionalidad debe funcionar sin la influencia de cualquier funcionario público como los diputados, el Presidente o los jueces, pero son ellos mismos quienes eligen a los magistrados. Parece contradictorio, pero así es. Y es precisamente ahí donde empiezan todos los problemas.
En 2015, las manifestaciones pacíficas de la ciudadanía junto a las investigaciones del Ministerio Público y la CICIG, resultaron en la renuncia de la Vicepresidenta y el Presidente de la República por casos de corrupción. Pero la cosa no terminó ahí. Durante los años siguientes la justicia le llegó a funcionarios públicos e incluso empresarios. Así se dieron cuenta que no les convenía que las instituciones públicas respondieran a los intereses de la ciudadanía y, desde entonces, se propusieron recuperar el control de cada una de ellas.
Ahora están por elegirse los magistrados titulares y suplentes para los próximos cinco años, desde 2021 hasta 2026, y las mafias tienen sus objetivos claros. En 2013, por ejemplo, Efraín Ríos Montt fue declarado culpable por genocidio y crímenes de guerra y condenado a ochenta años de prisión por los delitos cometidos. Una semana después la Corte de Constitucionalidad anuló la sentencia. Sin embargo, en 2018 y 2019, otro ejemplo, cuando Jimmy Morales decidió retirarle la visa a funcionarios de la CICIG y expulsar a la CICIG de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad lo detuvo.
La Corte de Constitucionalidad no es un poder del Estado, pero sí es el lugar donde se hace cumplir el poder más grande de Guatemala, la Constitución Política de la República. Y, aunque se supone que debe hacerse cumplir para alcanzar el bien común, a las mafias sólo les interesa hacerla cumplir para alcanzar su propio beneficio.
La Corte de Constitucionalidad no es asunto solo de abogados, jueces y tomadores de decisión que participan en su selección. En sus manos está la protección de los derechos y libertades de toda la población. Por lo tanto, nos afecta a todos y debe interesarnos a todos. Decide sobre los temas más difíciles del país. Por eso quienes la integren deben ser personas éticas y no dejar ni un pelo de duda sobre sus principios. Hagámonos escuchar y exijamos las cortes que queremos.
