Por: Lic. Luis Fernando Bermejo Quiñónez
@BermejoGt
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En un Estado de Derecho, el Poder Judicial funciona como un mecanismo de control del actuar del Estado para el aseguramiento de los derechos de los ciudadanos, así como para la protección del abuso de particulares o del incumplimiento de los acuerdos legalmente vinculantes. Por eso es que los países que tienen calificaciones altas en los índices que miden el Estado de Derecho (Dinamarca, Finlandia y Noruega), por lo general, en paralelo, tienen las mejores posiciones en índices de prosperidad económica al estar los derechos de propiedad bien definidos y amparados por tribunales fuertes que hacen cumplir la ley general y abstracta. Lo inverso también es cierto, en los países como Venezuela, Camboya y Congo, con poderes judiciales politizados, tienen sus habitantes menores niveles de prosperidad.
En nuestra arquitectura constitucional, existe el Organismo Judicial con los tribunales ordinarios organizados jerárquicamente desde la Corte Suprema de Justicia, las Salas de Apelaciones y tribunales de la misma categoría hasta los Tribunales de Primera Instancia en sus diversas ramas. Por otro lado, existe la Corte de Constitucionalidad (CC) como un “tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional…” y que “…actúa con independencia de los demás organismos del Estado…” (art. 268 Constitución). La CC entonces es un órgano de control sobre todo el aparato estatal. Muchos de los derechos que son litigados en la justicia ordinaria llegan a ser analizados en la CC. Por lo anterior, la coyuntura actual es de extrema importancia. La CSJ y Salas de Apelaciones no han sido electas por el Congreso porque tienen una maniobra para elegir una CC favorable para luego elegir los magistrados de las Altas Cortes a su sabor y antojo.
Hoy existe una hashtag en redes sociales que nos invita a reflexionar sobre #LasCortesQueQueremos. Si bien no dudo de las buenas intenciones de la campaña, considero que el mensaje lleva inmerso el problema de nuestro sistema. El problema es que un sistema judicial no debería ser “sometido” al “querer” de un individuo o de un grupo de interés, sino que debería ser exactamente lo contrario. Debería ser “independiente” del particular “gusto” o “interés” de las personas que van a estar sometidos a sus decisiones. Precisamente ese es el problema actual, una parte de la clase política y ciertos grupos de interés (lícitos e ilícitos) desean nombrar las Cortes “que quieren”, unas dóciles y controlables por ellos mismos. Por ello, creo que el mensaje mejor enfocado sería reflexionar en las #LasCortesQueMerecemos como país, no en las que “queremos” individualmente los ciudadanos o los grupos de los que formamos parte.
A pesar de los comentarios anteriores, en nuestro sistema de elección de magistrados de la CC, los abogados y demás agremiados en ciencias afines en el Colegio de Abogados y Notarios (CANG), sí tenemos una posibilidad de “modelar” la #LaCCQueMerecemos, ya que los agremiados tenemos el privilegio “democrático” de elegir a un magistrado titular y suplente. Este viernes 26 de febrero los agremiados del CANG tendremos que involucrarnos en la elección de magistrado titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad.
Hoy quiero hacer un llamado a los agremiados para que nos involucremos y vayamos a votar para ejercer nuestro importante derecho cívico. En lo personal, mi voto por magistrado titular lo tengo decidido a favor del doctor Eduardo Mayora, connotado profesional y académico con dos doctorados, ex Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín, ex Presidente del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, ex miembro del Directorio de la SAT y una práctica profesional privada notable. En el caso de magistrado suplente, considero que la Jueza Patricia Gámez es la mejor opción dada su trayectoria académica, su labor judicial e incluso su liderazgo en órganos de representación de miembros de la judicatura al haber sido Presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial y representante de estos en el Consejo de la Carrera Judicial. Sin embargo, estimados lectores, y particularmente los colegas agremiados, les pido por el bien del país que analicen los currículos de los candidatos, su vida profesional, sus escritos académicos, sus sentencias, su participación gremial, lo que se dice de ellos e incluso su vida personal y escojan bien el próximo 26 de febrero. Hágase usted mismo su juicio sobre los candidatos y vaya a votar. El voto es secreto. No se deje presionar. La decisión que tomemos los agremiados NO debe ser “interesada” sino debemos poner “patria” sobre “intereses” en esta elección. En el CANG elijamos bien #LasCortesQueMerecemos como país.
