Ayer el sector empresarial organizado emitió un comunicado para respaldar las solicitudes que han hecho gobiernos y empresarios de Honduras, El Salvador y Nicaragua para que se extienda y mejore el Estatus de Protección Temporal (TPS) que ya beneficia a muchos migrantes de esos países y también apoyan la gestión de Guatemala a efecto de que se otorgue a nuestros compatriotas, tomando en cuenta dos factores críticos que son las tormentas que causaron tanto daño en el 2020 y la pandemia que ha tenido efectos muy serios en la economía de nuestro país por las limitaciones que se impusieron durante la primera etapa para controlar los contagios.
Hay que recordar que los otros tres países centroamericanos tienen el TPS porque sus gobiernos, hace 20 años, tuvieron el acierto de solicitarlo tras el paso de tormentas que también afectaron a Guatemala. La diferencia estuvo en que Álvaro Arzú dijo que Guatemala no necesitaba pedir una protección temporal y dejó en el aire a nuestros compatriotas porque para él era más fácil restablecer relaciones con Cuba que tener que pedir cacao a los gringos, aunque parezca increíble y al final sea una muy cruel paradoja por las consecuencias que esa muestra de arrogancia tuvo para millones de guatemaltecos en Estados Unidos.
Creo que el CACIF hace bien en sumarse a las peticiones que hacen los empresarios de los otros países y que el tema del TPS se justifica por las tormentas Eta e Iota, además de la difícil situación que tendrían que enfrentar los guatemaltecos deportados de Estados Unidos al volver a un país cuya economía no termina de recuperarse luego del impacto del Covid-19. Nada hay que objetar respecto al planteamiento de los empresarios que, en todo caso, se mantienen en su línea dando apoyo irrestricto a Giammattei, no sólo en cuanto a las gestiones por el TPS sino en términos generales desde antes de que fuera investido como Presidente.
Al final del comunicado los empresarios se sueltan una de vaqueros que explica el sentido del titular que usé para esta columna. Afirman que “aprovechan esta oportunidad para reiterar su compromiso de trabajar con la administración del presidente Joe Biden para crear oportunidades, fortalecer el Estado de Derecho, combatir la corrupción e incrementar la seguridad regional en Centroamérica”, palabras que suenan no sólo bonitas sino estimulantes, pero que tienen que ser respaldadas por los hechos.
Pareciera que nuestros empresarios creen que la Embajada de Estados Unidos en Guatemala no se fija ni entiende lo que sucede en nuestro país y que sus funcionarios vienen como otros diplomáticos, a pasar el tiempo disfrutando del clima. Pero resulta que en esa Embajada hay una verdadera preocupación por los temas de corrupción y Estado de Derecho y saben perfectamente cómo se mueven las aguas en el país y el papel de cada uno de los principales actores. Conocen al detalle los vínculos entre ellos y el papel que han jugado desde el 2015, cuando se destapó la lucha contra la corrupción, hasta nuestros días. Saben de los viajes para cabildear que hicieron prominentes figuras para lograr que Trump apoyara el fin de esa lucha y hasta de contactos con actuales electores de la CC para “sugerir” nombres de elegibles y será muy difícil que ahora certifiquen las buenas intenciones expuestas.
Como reza el dicho, la diligencia es permitida, aunque sea demasiado burda.
