Víctor Ferrigno F.
25 de febrero, día de la dignidad y la memoria de las víctimas del conflicto armado interno.
Como un cáncer que pudre al cuerpo social y hace metástasis en las instituciones estatales, el Pacto de Corruptos echa leña al fuego, agudizando las contradicciones contra un pueblo que, más temprano que tarde, estallará por hambre, por pobreza, por exclusión o por pandemia.
Con sus pútridos actos, estos políticos deshonestos, junto a empresarios venales, militares genocidas y narcotraficantes, acaparan poder y se han convertido en auténticos Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), que han ido cooptando el aparato estatal, convencidos de que gozarán de impunidad eterna, sin darse cuenta que caminan sobre una cuerda floja.
Financiando ilegalmente a los partidos políticos, han logrado hacerse de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y desde allí han copado al aparato de justicia, Ministerio Público incluido, y solamente les hace falta apoderarse de la Corte de Constitucionalidad para asegurarse, según ellos, una impunidad total, olvidando que la vindicta pública los habrá de alcanzar, como lo hizo en 2015 con sus antecesores.
Tienen bajo control a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de Cuentas, a la Superintendencia de Administración Tributaria y a todas las instituciones contraloras de la función pública, para evitar que les destapen su bacanal de corrupción.
Para darle continuidad a la degradación del sistema de partidos políticos, corrompiendo candidatos y comprando votos, recientemente lograron el control del Tribunal Supremo Electoral, convirtiéndolo en otro instrumento a su servicio.
Hace seis años, fueron las investigaciones de la CICIG sobre el caso La Línea, sumadas a los alardes de la Baldetti, lo que indignó a la ciudadanía, que se volcó a la plaza e hizo historia. El Pacto de Corruptos aprendió la lección y, de manera tenaz e implacable, han ido desmontando cualquier capacidad de fiscalización y control institucional, para asegurarse impunidad, incluyendo la criminalización de líderes y movimientos sociales que se opongan a su depredación de la cosa pública.
Lo anterior es materia conocida, pero lo cito para recordar que constituye el antecedente del proceso de agudización de contradicciones que ahora protagonizan, comenzando con los amaños de todo tipo para la elección de magistrados de las diferentes Cortes, situación que les ha generado una airada protesta social, y la desaprobación de legisladores y funcionarios estadounidenses, que les van a incluir en la lista Engels, con viaje al norte incluido.
Frente a la pandemia el Gobierno carece de una política efectiva en materia de salud pública y, además de incompetencias supinas, hace gala de una corrupción inhumana, al comprar pruebas falsas para evaluar las infecciones del Covid-19, provocando ira.
Tampoco tiene una política económica y otra fiscal para salir de la recesión, lo que provoca que el hambre y la pobreza crezcan vertiginosamente, provocando una migración creciente, que EE. UU busca frenar con firmeza.
Como su voracidad no tiene límites, no les importa sumir al país en la exclusión y la confrontación, generando un clima de tensión social creciente, que explotará con mayor violencia que en 2015, porque el sufrimiento y las necesidades sociales son mayores, y la desfachatez de los corruptos es suprema.
En suma, arde un creciente fuego político-social, al que el Pacto de Corruptos echa leña cada día y, finalmente, la flama de la justicia los habrá de alcanzar, calcinando implacablemente su enfermiza voracidad.
