Julio García Merlos
La semana pasada volvió a surgir el debate sobre la pena de muerte en Guatemala. El 2020 cerró con menos delitos como homicidios, lesiones, robo de vehículos y motocicletas, violación y extorsión; aunque sí aumentaron los delitos de secuestro, robo de furgones y robo de viviendas. En su momento el gobierno se adjudicó la disminución de los delitos como logro propio, sin embargo, los expertos no están seguros si realmente existe una disminución de delitos o se trata de una disminución de denuncias. También es difícil concluir si algunos delitos disminuyeron por las restricciones impuestas por la pandemia o por otras causas.
En las últimas semanas figuraron en los medios notas sobre asesinatos de mujeres, la masacre de una familia en Chiquimula, desapariciones de niños y el cruel asesinato de la menor Sharon Figueroa hace algunos días en Petén; sucesos que causaron indignación social y un reclamo generalizado por la inseguridad que se vive en el país y los altos niveles de impunidad que siguen siendo la regla. La respuesta de la clase política no se hizo esperar, tanto el presidente del Congreso de la República como el presidente Giammattei se pronunciaron y al hacerlo se fueron por la tangente e invocaron la forma más clásica de desviar la atención sobre la incapacidad gubernamental para combatir la violencia: la reactivación de la pena de muerte en el país.
¡Vaya forma de querer taparle el ojo al macho! En el foro jurídico es de sobra conocido que la pena de muerte es inaplicable en Guatemala porque nuestro Estado ratificó el Pacto de San José, un texto que prescribe la imposibilidad de que se tipifiquen nuevos delitos en los que se señale la pena de muerte como principal y porque la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucionales los últimos delitos en el catálogo de aplicabilidad de la pena de muerte porque incluían la característica de “peligrosidad” como determinante. Este rasgo era un nefasto resabio del Derecho Penal de Autor, una visión teórica por la que se pretendía castigar a las personas por lo que son; en lugar de hacerlo por los hechos que efectivamente cometieron y que son probados en un proceso penal. A esta última visión se le conoce como Derecho Penal de Acto.
La mejor política pública de prevención del delito es la certeza del castigo. Mientras la impunidad en toda clase de delitos siga siendo la regla en Guatemala, no habrá pena alguna que disuada de la comisión de hechos delictivos. Los políticos lo saben y han sido incapaces impulsar las reformas que fortalezcan nuestro sistema de justicia y ejecutar políticas públicas efectivas que reduzcan los índices de violencia. Aprovechan cada ventana de oportunidad que les queda para promover un discurso inviable, vacío e inadecuado tomando en cuenta que choca con la realidad.
Apreciado conciudadano, a mí me indigna tanto como a usted saber que en nuestra sociedad anden sueltas personas llenas de maldad capaces de cometer estas atrocidades. Para combatir la delincuencia se necesitan políticas criminales interinstitucionales, de corto, mediano y largo plazo. Queremos vivir en un país en el que se proteja la vida, la integridad física, la libertad y la propiedad, no en un país en el que cada vez que se de un crimen violento se piense que la pena de muerte es la solución. Independientemente de si está de acuerdo o no con la pena de muerte, no se deje engañar con ese discurso político que desvía la atención de las respuestas puntuales que el Estado debería de dar para garantizar los derechos individuales.
