Walter Juárez Estrada
Es obligación del Estado de acuerdo con la Constitución Política de República, proteger a la persona y a la familia, pero es letra muerta. La violencia en los últimos meses se ha generalizado, las estadísticas son dantescas por los hechos execrables, donde menores han sido asesinadas sin piedad. Los brutales asesinatos de las menores Hilary Arredondo de León en Tiquisate, Escuintla y Sharon Figueroa de Melchor de Mencos, Petén, han encendido las alarmas para reactivar la pena capital, exigencia a la que se ha unido el Presidente Giammattei, que ha exhortado a los diputados para que aprueben la máxima pena, como dice la Carta Magna y el Código Penal, asegurando el gobernante que “no le tiembla la mano” para negar cualquier pedido de clemencia.
En las legislaturas pasadas y la presente el tema de la reactivación de la pena de muerte, vuelve a tomar fuerza. Pero las bancadas no unifican criterio, y resulta cuesta arriba lograr los 107 votos para que en una sola lectura se apruebe la reactivación de la pena capital. La oposición da por sentado que no apoyara la exigencia de la aplanadora oficialista y sus aliados, a lo que se unen los defensores de los derechos humanos. Sin embargo, de lograr su propósito los legisladores que pugnan para la ejecución de los criminales, tienen que superar aspectos legales. La CC. declaró inconstitucionales los artículos del Constitución Política de República. Para su reactivación tiene que suprimirse barreras legales, que por ahora la hacen inviable. El Decreto 100-96 establece la ejecución y el reglamento de la ley que indica el Acuerdo Gubernativo 49-98 y el 6-78 Legislativo y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, regulan el tema y toda vez el Estado de Guatemala, no formule la petición para la reactivación de la máxima pena, por ahora es imposible el clamor popular”.
Hay preocupación que en 40 días más de 200 menores desaparecieron y hasta ahora, el Estado, es poco lo que he hecho para calmar la angustia y zozobra de las víctimas. El clamor popular persiste para que se ejecute a los criminales, pero hay barreras legales que por ahora impiden su aplicación y debe comprenderse que la pena de muerte, no es un disuasivo; es repugnante que menores de corta edad sean presa de criminales que sin consciencia y razón cometen esas atrocidades que tienen en vilo a la población que clama por la pena de muerte para los criminales.
El fusilamiento fue sustituido por inyección letal, al agotarse todos los recursos que dice la ley, deja la responsabilidad del Presidente si otorga perdón por la pena inmediata inferior que es de 50 años. Son los diputados que deben hacer análisis y las consultas a los órganos constitucionales si es viable la pena capital, se reactive y así, se cumpla con la exigencia de los que pugnan porque el criminal pague con su vida.
