Marco Trejo
Esta semana que terminamos se ha visto un caso que ha dejado muchas opiniones, unas a favor, otras en contra. Pero lo más preocupante es como se polariza, cada vez más, una sociedad que antepone su ideología y no el raciocinio, que solamente ve hacia donde piensan y si alguien piensa diferente es enemigo para toda la vida.
Este fenómeno social nos afecta mucho, es cabalmente aquel dicho que estoy a favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor, pero sin ver si lo que hago, digo o pienso, está bien o está mal. Si esa forma de actuar es de provecho o perjudicial para mi sociedad, por lo que la gente solo actúa, pero no piensa, lamentablemente.
El caso del abogado Mynor Moto Morataya, ha tomado un rumbo jurídico inesperado, quién se ufanó de ser la orden de desalojo y de una manera prepotente, le respondió a un grupo de mujeres, quienes fueron desalojadas de la colonia Alameda, zona 18, donde quedaron niños y personas de la tercera edad en estado de vulnerabilidad, ahora pide humildemente que le devuelvan su juzgado y que le quiten la orden de aprehensión.
Recursos legales van y otros vienen, incluso el que fuera juramentado por el Congreso de la República, como magistrado de la Corte de Constitucionalidad por tres meses, le pide al Consejo de la Carrera Judicial (CCJ), que deje sin efecto su licencia de excedencia (permiso para ausentarse de su cargo judicial), para volver a ocupar la silla del Juzgado Tercero Pluripersonal de Primera Instancia Penal y evitar así ser capturado por el caso de Comisiones Paralelas 2020.
Este caso en el que se le acusa al ex juzgador Moto Morataya, es por ser sospechoso del delito de conspiración para la obstrucción a la justicia y haber intentado incidir en la postulación de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, con lo cual colocarían piezas claves para cooptar la justicia en Guatemala.
Las acusaciones formuladas por la Fiscalía Contra la Impunidad (FECI), se basan en presuntas evidencias, que ponen al ex juzgador en reuniones, con los abogados, de personas que se encuentran procesadas por este tipo de hechos, que lo único que buscan es que los candidatos estén “apalabrados” para favorecer con sus resoluciones a determinados intereses.
Uno de los dos abogados defensores de Moto Morataya, Gustavo Juárez, quién fuera el representante del ex alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano y favorecido por Moto Morataya, quién le quito cinco delitos, dice que ha interpuesto dos acciones: una exhibición personal, donde aduce un allanamiento ilegal, y una apelación que busca dejar sin efecto la orden de aprehensión. En el segundo recurso mencionado, Juárez aduce que violan los derechos de Moto Morataya, porque su defendido tiene inmunidad y que solamente falta un trámite administrativo, para que sea magistrado del ente constitucional.
He escuchado también puntos de vista sobre que los recursos, que han llevado el caso hasta este punto, debieron presentarse en otra instancia y que con ello se ha violado el debido proceso, situación que también genera polémica y debe ser dilucidado en el Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y no por la vía en la que se lleva.
La otra abogada que representa al ex juez, es Delmy Castañeda, quien fungió como abogada de la exmagistrada Blanca Stalling, procesada por tráfico de influencias, también fue señalada, en su oportunidad, por el MP, de favorecer a presos durante su gestión como jueza. Castañeda logró que Moto Morataya en su momento cerrara el caso Bufete de la Impunidad, donde fue beneficiada la ex jueza Marta Sierra de Stalling, quien es cuñada de la magistrada suspendida del cargo, Blanca Stalling, lo cual pone en tela de duda la imparcialidad de estos casos y que genera muchas interpretaciones.
Entonces no cabe duda de que este caso se ha convertido en una lucha de poder, para ver quién es el que más puede y quién sopla más, pero que al final de cuentas los afectados somos todos los guatemaltecos, quienes vemos como la justicia es manejada a sabor y antojo y que unos son procesados de una manera y otros de otra, lo cual afecta el Estado de Derecho.
Por el momento, no nos queda más que seguir viendo el desenlace de esta novela jurídica, que podría significar que 92 diputados, al Congreso de la República, pierdan su inmunidad y que sean procesados por incidir en tramas oscuros que pretenden maniatar la justicia en Guatemala.
