María Alejandra De León Quiñónez
Aumenta la percepción de corrupción en Guatemala, la idea de que es uno de los países más corruptos es gracias a que se ubica en el puesto 149 del informe de Transparencia Internacional (TI), clasificando a nuestra nación en un rango que nos advierte del retroceso que el país ha tenido desde el 2012.
La corrupción es una amenaza patente que socava la democracia y el estado de derecho, aumenta la desconfianza en el gobierno y las instituciones, intensifica la desigualdad, destruye la capacidad de garantizar totalmente los derechos humanos y dificulta el desarrollo de la población. Para ser honestos, no acabaríamos de describir todos los actos de infortunio y menoscabo que sufre una sociedad obstaculizada por falta de crecimiento económico y un indulgente gobierno que simula ser un sistema democrático.
La credibilidad del sistema de gobierno ha disminuido en grandes proporciones, meritorio a los delitos que involucran el soborno de funcionarios públicos, tráfico de influencias, malversación o peculado de fondos públicos, enriquecimiento ilícito y obstrucción a la justicia, conllevando todo esto a una serie de perjuicios para la sociedad con un Gobierno que responde a intereses particulares.
En un contexto reciente, el año 2020 fue un reto para el país, el Congreso de la República tuvo grandes expectativas de ser un cambio radical, puesto que más de 100 diputados iban a dejar el cargo, lo cual representaba nuevas oportunidades de un cambio de criterio en la política. Lamentablemente, este cambio no fue el esperado, el desempeño del Congreso durante el 2020 fue nuevamente indignación para la población, olvidando las prioridades de todo un pueblo.
Durante este tiempo los funcionarios públicos han demostrado conformar un sistema de gobierno cleptocrático, donde prima el enriquecimiento al precio de los bienes públicos, yuxtaponiendo además el cortoplacismo que cita el refrán “pan para hoy, hambre para mañana”.
Y como dicen, los actos hablan más que mil palabras, y no se puede crear una versión paralela al contexto real, el cual está marcado por el atraso en la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, negociaciones de cuotas, pagos de favores políticos, una niñez abandonada y desnutrida que ubica a Guatemala como el país de América Latina con la tasa de desnutrición crónica más alta y, la cereza del pastel, una generación hipotecada debido al aumento de la deuda pública que aprobó el Congreso, misma que supera los Q220 mil millones para 2021.
Este año se caracteriza por ser decisivo para el país debido a que se elegirán cincos magistrados titulares y cinco suplentes a la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal en la defensa de la Constitución y esencial en el equilibrio de poderes. Por ello, a pesar de las dificultades, debemos fomentar nuestro compromiso cívico y político con la patria y los grupos más vulnerados, mismos que lamentablemente han sido marginados durante décadas.
Es hora de que Guatemala se convierta en una sociedad que piensa en el presente y futuro de las generaciones venideras. Debemos luchar por nuevos principios políticos e ideológicos, sin gobiernos cortoplacistas que lo único que piensan es terminar sus cuatro años sin aspiraciones por un mejor país.
Construyamos juntos una Guatemala de prosperidad. Para ello necesitamos la ayuda de todos, unidos luchando contra la alianza de corruptos. No permitamos que unos pocos roben el digno esfuerzo de millones de guatemaltecos por salir adelante.
