Raúl Molina
Duele la Guatemala actual, en donde una ínfima minoría –Criollos, extranjeros y algunos ladinos convidados- explotan a las grandes mayorías, constituidas por las capas medias y sectores más pobres. Vivimos un verdadero apartheid, en donde el CACIF y Washington deciden el destino del país. Con Trump esa alianza se fortaleció; pero surge hoy la esperanza de que, con Biden, se rompa. Es la hora de actuar, porque la debilidad del régimen ha llevado a los “poderosos” a intentar completar su captura del Estado guatemalteco. En la cara de la nueva administración estadounidense, que se ha manifestado desde antes de su toma de posesión contra la corrupción del gobierno guatemalteco, se armó la más burda maniobra para apoderarse de la Corte de Constitucionalidad (CC) durante tres meses –la corrupta Corte Suprema de Justicia nombró a Molina Barreto como magistrado y una amañada elección en el Colegio de Abogados llevó a la juramentación de Moto por el Congreso, para sumar otro magistrado corrupto a la CC. En ese corto período, la “maquinaria de la corrupción” no solamente se quiere garantizar que la nueva CC avale sus maniobras, sino que, además, que todas las Cortes, incluida la CC, caigan en manos de las personas más inescrupulosas y corruptas. Estados Unidos debe reconocer que estas maniobras dejarían a Guatemala sin sistema de justicia y en la senda de un explosivo conflicto interno.
Para evitar este nuevo conflicto interno, armado o no, el movimiento social, los sectores populares y los pueblos indígenas proponen un mecanismo constitucional para establecer un Estado distinto al actual: el Estado multicultural, multiétnico y plurinacional. Se exige convocar a una Asamblea Constituyente Plurinacional, con características especiales, que elabore una nueva Constitución. Es un reto extraordinario, porque la minoría que detenta el poder se opondrá, con todos los medios del Estado y su poder económico y político, a la idea de una nueva constitución. Para convocar a una Asamblea Constituyente bastan cinco mil firmas ciudadanas; pero, luego, el Congreso asume la convocatoria con el voto afirmativo de dos terceras partes del mismo. ¿Es esto posible con el Congreso actual? Sólo si la ciudadanía se organiza de tal manera que la presión venga de centenas de miles de personas. Aun así, sostengo la tesis de que toda constitución elaborada bajo tiranía, sea militar (como en 1965 y 1985) o por intervención extranjera (1956), es inválida, porque el mecanismo constitucional carece de libertad y no ejerce la soberanía del Pueblo. De esta manera, para desarrollar el proceso constitucional que lleve al Estado plurinacional, se hace imprescindible cambiar el régimen actual: el presidente debe renunciar o ser apresado y el Congreso debe ser desposeído de su mandato. ¿Estamos, ciudadanos y ciudadanas, dispuestas y dispuestos a paralizar el país hasta alcanzar estas metas? Mientras tanto, todas las batallas -legales, en las calles, en las carreteras, en las plazas, en la desobediencia civil- son válidas y no deben detenerse. Podemos cerrar espacios y caminos, y finalmente ir a un paro nacional.
