José Daniel González
Estudiante y aficionado de la política
Miembro del Frente Ciudadano Contra la Corrupción, FCCC
Guatemala. El país de la eterna primavera, el país de la cultura amistosa; Guatemala, el país con la tercera peor puntuación de América en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC).
Imaginemos por un momento que quince años han pasado desde hoy. Personalmente y al igual que muchos, ya terminamos nuestros estudios, ya hemos formado una vida profesional, estamos en la búsqueda todavía de comernos el mundo, porque podemos. Puede que estemos ya formando una familia, o que estemos a punto de hacer crecer nuestro negocio propio como nunca antes, pero hace falta algo. Nos quedamos de brazos cruzados toda nuestra juventud, viendo cómo los medios de comunicación sacaban artículos tras artículos, con titulares extravagantes, con palabras como “cooptación” “corrupción” y “amparo”, junto a la labor de fiscales, activistas y defensores públicos que terminaban siempre desacreditados justo cuando estaban a punto de tener influencia verdadera. Votamos cada cuatro años por el “menos peor”, aceptando que nuestros gobernantes utilizaran los recursos públicos para su propia agenda. Corrupción.
La Real Academia Española define este acto punible como “práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”. En otras palabras, engañar al pueblo, utilizando recursos públicos para satisfacer sus propias necesidades, y más seguido que no, la de sus simpatizantes. Lamentablemente, los contactos de ciertos políticos en Guatemala, son personas ligadas al narcotráfico o a empresas con intereses y tentáculos en todas las instituciones del Estado.
Solo en la gestión actual, se han destituido dos funcionarios públicos del Organismo Ejecutivo, sin ser perseguidos legalmente. Uno es el exdirector de Caminos del Ministerio de Comunicaciones (CIV), Fredy Chojolán, argumentando que su firma había sido falsificada en la transferencia de Q.135.2 millones. El presidente firmó su destitución tres días luego de la citación en el Congreso donde se dio a conocer el problema, debido a la presión pública y de los medios de comunicación. Sigue sin saberse el paradero específico de estos fondos públicos.
Paralelo a esto, la exdirectora de la DIACO, Silvia Escobar, fue destituida, como se dio a conocer por medio de un comunicado oficial del Ministerio de Economía por “irregularidades en un proceso de licitación”. Sin embargo, se dieron pocos detalles al respecto del estatus de este proceso, y de los cargos de los que se le acusan ante la ley. Escobar asegura que esto es un ataque en su contra y que siempre “se tocan intereses” en estas situaciones.
Como estos ejemplos, hay muchísimos en Guatemala, de actores que salen impunes, solo con un pequeño “castigo ejemplar” público, que termina siendo un pacto entre los intereses individuales de algunos gobernantes. No nos podemos quedar de brazos cruzados, viendo como nuestra voz se va apagando, como nuestra libertad va siendo cooptada por los poderes del Estado, que deberían trabajar por el bien común, pero trabajan en realidad para el bien propio. Todavía hay tiempo, digamos “BASTA”, unidos. No dejemos pasar la vida, sin aportar al cambio. Tenemos voz, usémosla.
Un joven es más creíble que un político corrupto.
