Por Samuel Flores
Los ocho años de gobierno de Barack Obama y Joe Biden –enero 2009/enero 2017-, dejaron 210,745 guatemaltecos deportados por acciones relacionadas a la permanencia ilegal en Estados Unidos, infracciones al reglamento de tránsito, y otros cargos, de acuerdo con la Cámara de Compensación de Acceso a Historial de Transacciones, TRAC, (por sus siglas en inglés), de la Universidad de Syracuse, Nueva York.
Con la llegada al poder de Joe Biden se esperan cambios a la política migratoria; sin embargo, no serán inmediatos. El 46º. Presidente de EU deberá cumplir su promesa de campaña: 1. Reforma Migratoria que legalice a unos 11 millones de indocumentados y les permita hacerse ciudadanos. 2. Legalizar a los denominados “dreamers”, mediante la aplicación del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, (DACA, en inglés), y que cuentan con cierto nivel educativo. El cumplimiento de estas promesas mitigaría el éxodo de unos seis mil niñas, niños, mujeres y adultos hondureños que hoy mantiene en incertidumbre a la comunidad internacional al observar las políticas represivas del Ejército para contener el flujo humano a ese país del norte.
El perfil de los indocumentados guatemaltecos y hondureños encaja a la aplicación de esas promesas. Incluso, el presidente Alejandro Giammattei en su vano y presuntuoso discurso del 14 de enero 2021, afirmó que solicitará el TPS a favor de los guatemaltecos. Esa solicitud no representa garantía para los migrantes chapines y mucho menos que EU la otorgue. Es evidente que a los gobiernos “democráticos” no les interesa la situación migratoria de los chapines.
Producto del esfuerzo diario de los migrantes chapines en el 2020 Guatemala recibió USD11,340.4 millones –unos Q87,321.00 millones de divisas por concepto de remesas familiares. Estos recursos mantienen a flote la economía de unos 1.5 millones de hogares ubicados en los departamentos de Guatemala, Huehuetenango, San Marcos, Quiché, Sololá, Quetzaltenango, Petén, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, Escuintla, Retalhuleu, Mazatenango y otros.
Estimaciones de organizaciones migrantes indican que más de 1.5 millones de guatemaltecos trabajan y radican en ese país del norte, de los cuales unos 800 mil son indocumentados. La mayoría vive en condiciones infrahumanas: comparten apartamento con al menos 10 latinos de diferentes nacionalidades, duermen en literas sin ambientes para la privacidad; tienen dos trabajos: ingresan al primero a las 03:00 y salen a las 15:00; por la tarde/noche se dedican a otras actividades como limpieza de viviendas, niñeras, electricidad, albañilería, jardinería, pintura de casas, por unos USD10.00 la hora. Su dieta diaria la componen menús de comida rápida (chatarra), sin protección social, cobertura médica, medicina carísima, y bajo persecución constante de agentes de la Inmigración y Control de Aduanas, (ICE, en inglés), y las prácticas racistas de la mayoría de estadounidenses.
Además, Biden debe reparar inmediatamente la práctica inhumana que mantiene alejados a unos 545 menores que permanecen en jaulas metálicas. Esas acciones las inició el expresidente Obama en McAllen, Texas, desde el 2014. Las niñas y niños fueron separados en Estados Unidos tras haber cruzado ilegalmente la frontera y cuyos padres no han sido localizados. Donald Trump siguió a la perfección la política “tolerancia cero” contra la migración clandestina.
Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y los demócratas están en deuda con los migrantes guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, y deben corregir los errores en los que incurrió la administración de sus predecesores Barack Obama y Donald Trump.
