Marco Trejo
Es totalmente indignante conocer que los diputados de la bancada Humanista, Rudio Lecsan Mérida y Douglas Rivero, presenten una iniciativa de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), que vaya en contra del clamor popular, que exige cambiar la norma para evitar que vayamos a las urnas con una venda en los ojos, porque al final de cuentas; no sabemos por quién votamos y nos imponen un Congreso donde vemos cada personaje indeseado.
Los mencionados “Padres de la Patria”, Lecsan Mérida y Rivero proponen que los elementos en activo de la Policía Nacional Civil (PNC), puedan votar, que no se fiscalice y que no se de una rendición de cuentas, pero lo más desastroso es que los Partidos Políticos no tienen la obligación de informar sobre el movimiento financiero a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la Superintendencia de Bancos (SIB) y a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT).
Asimismo, los ponentes de la iniciativa de Ley, que cuenta con 24 artículos, proponen que las contribuciones anónimas se recibirán y eliminan de la norma vigente la prohibición de que los candidatos acepten cualquier tipo de donaciones y los eximen de llevar registros contables, dejando la puerta libre para el enriquecimiento ilícito de un grupo de politiqueros, que cada cuatro años, se enriquecen de su participación en las elecciones generales.
Creo que es el momento oportuno, para ponerle un alto a este tipo de acciones, de un grupo de diputados que quieren retroceder la democracia unos 50 años, poniendo en riesgo la estabilidad guatemalteca, donde no se podrá manejar la frase aquella, que todos tenemos el derecho de elegir y ser electos, porque en vez de transparentar esa parte de la LEPP se trata de dejar la puerta libre para que sigamos de mal en peor.
No se puede permitir que la novena legislatura, la cual tenía puestos los ojos encima, porque se necesita que se legisle para mejorar la situación socio-política de Guatemala y no que sigamos viendo este tipo de actos que ponen de manifiesto de lo que están hechos estos diputados que no tienen el más mínimo temor de presentar una aberración, como lo que entregaron a la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso.
Los dos congresistas argumentan que los últimos cambios a la Ley Electoral, en el año 2016, se dieron por el momento político que se vivía, pero que es momento de rectificar, porque se aprobaron disposiciones imprecisas, que permiten que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), tome disposiciones antojadizas que perjudican los procesos electorales.
Lecsan Mérida y Rivero quieren de un tajo eliminar la fiscalización a los secretarios generales de casa agrupación política y les deja carta blanca para que hagan, reciban y decidan lo que les venga en gana, lo cual nos llevaría a no poder conocer quiénes son los financistas de los candidatos presidenciales, municipales y congresiles.
Y si todo esto fuera poco, los dos señores que ocupan una curul en el “Honorable Congreso de la República”, también quieren que las multas que actualmente rigen para los políticos y para las actividades que deben realizar, sean de risa, porque pretenden que las mismas sean de US$30.00 a US$250 por delitos electorales, lo cual dejaría indefenso al TSE para sancionar a los irrespetuosos de los procesos de votaciones.
Y como broche de oro, también quieren eliminar todo lo relacionado a las Comisiones de Postulación, para que quede con las puertas abiertas la cooptación de la justicia, algo que se debe evitar de cualquier manera, porque están dándole rienda suelta a la corrupción. Realmente es indignante la labor de la novena legislatura.
