Fernando Mollinedo C.
Sin hacernos los locos ni pretender engañarnos a nosotros mismos, debemos reconocer que nuestra Guatemala, es decir, casi toda la población sufre más de algún mal originado por las conductas erráticas, prepotentes e interesadas de los funcionarios gubernamentales que han tenido el control administrativo del Estado.
No soy psicólogo, pero en términos generales no cuesta adivinar que la mayoría de las personas que ingresan a trabajar al servicio público en calidad de jefes (no importando la denominación del puesto) creyeron y aún hay quienes lo creen, que han llegado allí por su gran capacidad administrativa o técnica o porque Dios los puso allí porque en realidad se lo merecen.
La Historia de Guatemala nos enseña cuáles fueron los intereses económicos, políticos, personales y familiares de los gobernantes, incluyendo los de las empresas transnacionales, a las que sirvieron en su calidad de serviles empleados a cambio de “unos dólares más”, lo cual significó mejorar sus condiciones sociales y empresariales para convertirse en parte de la oligarquía nacional o acrecentar su poder para comprar la voluntad de los gobernantes y obtener beneficios económicos exorbitantes.
Tenemos que leer la Historia de Guatemala para conocer y entender lo acontecido durante los diferentes gobiernos dirigidos por militares de línea o de escuela, abogados, médicos, ingenieros, pedagogos, comerciantes, bachilleres en ciencias y letras, finqueros y cómicos entre otras profesiones. ¿Habrán tenido conocimiento y capacidad para gobernar en su tiempo? ¿A qué grupo de poder favorecieron las políticas de sus gobiernos?
Así, poco a poco, generación tras generación hemos llegado al 2021, creyendo que cada año somos mejores, esperando mejores resultados de los gobernantes y esperanzados cada año en que “el próximo año será mejor que el anterior”. Si, ha sido mejor que los anteriores para quienes a través de los años han usufructuado el poder político y gubernamental para realizar negocios -algunas veces legales pero inmorales – en detrimento del erario nacional y por ende restándole oportunidades a la población para mejorar sus condiciones de vida.
El GOBIERNO de Guatemala es el órgano superior del poder ejecutivo de un Estado constituido por el presidente, ministros, viceministros, secretarios, gerentes de entidades públicas autónomas o semi autónomas y en términos generales, todas aquellas personas e instituciones que tienen poder de decisión técnica y económica para la inversión social, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 1, 154 y 155 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
La mayoría de la población, no sólo la afectada por Eta e Iota o la del Volcán de Fuego, aún espera que el gobierno atienda sus necesidades, pero no en forma de limosna o como que de su bolsillo sale ese dinero para aliviar los ingentes problemas que se le presentan, tales como: desnutrición infantil, corredor seco, educación accesible al sector rural, cese del robo de agua de los ríos y erradicación de las negociaciones ilícitas realizadas por funcionarios ladrones, entre otras.
