Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
Según una nota de Prensa Libre del 25 de septiembre del año 2020, “La Corte de Constitucionalidad (CC) cerró en definitiva la posibilidad de que en esta magistratura pueda asumir Conrado Reyes como magistrado suplente nombrado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
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El fallo plantea que la Suprema debe hacer una convocatoria según lo establece el artículo 154 de la Ley de Amparo y también la exhorta a que “verifique, discuta y decida en forma individual” el cumplimiento de los requisitos a los candidatos magistrados ante la CC a la luz del artículo 113 constitucional, respecto a la honradez, idoneidad y capacidad de los servidores públicos.
Reyes había sido nombrado magistrado suplente de la CSJ en lugar de María Consuelo Porras, que dejó el cargo para ser fiscal general, pero, según los amparistas, no hubo convocatoria previo a la designación del abogado. …”.
Ahora, se alega el mismo principio en la elección de Mynor Moto y Estuardo Gálvez, dos personas a las que se les señala de no cumplir con los requisitos del artículo 113 de la Constitución y que participan en una convocatoria del Colegio de Abogados que obvió el cumplimiento del referido artículo.
Así las cosas, guste o no, si se dieran las elecciones (ahora suspendidas por un amparo) el ganador correrá sin duda la suerte de Conrado Reyes y no podrá asumir como magistrado en la CC.
La intención de llenar esa silla por tan pocos meses se pretende como la culminación de un sueño de impunidad que muchos anhelan para “vivir en paz”. Hay asuntos pendientes de resolver con incidencia directa en procesos de corrupción, financiamiento y narcotráfico que desean ser atendidos previo al proceso de la nueva magistratura de la CC (2021-2026).
No por gusto Moto y Gálvez guardan silencio por todo el financiamiento de la campaña porque si eso se llega a conocer, sabremos quienes son los titiriteros de impunidad.
Y como la intención es cooptar, el anuncio de Eduardo Mayora caló en las mafias porque se han dado cuenta que la postura del abogado ha sido clara a favor del Estado de Derecho, sin importar cómo piense porque la construcción de un mejor Estado de Derecho, de la institucionalidad misma que faciliten inversiones honradas de principio a fin, no es un tema ideológico.
Mayora ya anunció su intención de servir al país y ojalá junto a él se sumen 9 más porque sin duda, los electores de la CC sentirán la presión para tomar buenas decisiones y de nada servirá que haya presión local e internacional (las inversiones extranjeras dependen que haya Estado de Derecho) si no tenemos de dónde elegir.
Que tiemblen las mafias porque se está demostrando que si nos unimos, somos capaces de darles batalla y cambiar esta realidad que nos está impidiendo tener una Guatemala mejor, más justa e incluyente.
