Víctor Ferrigno F.
El derecho más importante de un pueblo es el de libre determinación, en base al cual define su sistema económico, político, social y cultural. Al ejercer ese derecho, aplica el más alto de todos los poderes, el poder soberano, que se define como aquél que no reconoce sobre si a ningún otro poder, el cual radica en el pueblo, quien libremente debe definir qué modelo de Estado debemos darnos.
En esta apretada síntesis se resumen los fundamentos de la democracia republicana, tutelada en nuestra Carta Magna, la cual es pisoteada diariamente por élites avorazadas, políticos corruptos y una población indiferente y alienada, que solamente se ocupa del yo y del ahora, sin alcanzar la calidad de ciudadanos, que velan por el nosotros y el mañana.
Con escasas excepciones, los actuales diputados no representan a la ciudadanía, no generan debates esclarecedores, ni tienen una peregrina idea sobre qué legislar. Si a eso se suma que muchos están vinculados al crimen organizado, la mayoría no son íntegros, y carecen de sensibilidad sobre los principales problemas sociales, es previsible que no terminen esta legislatura.
El hartazgo de la ciudadanía sobre la clase política está llegando a límites peligrosos, exacerbado por extremos tales como hacer negocio con la pandemia, el hambre y los daños de las tormentas tropicales, sumado la negativa parlamentaria de reformar a fondo el régimen de partidos y el sistema de justicia, basamento fundamental para superar la crisis político institucional actual.
Si la política está dejando de ser un medio para diferir conflictos civilizadamente, y si el aparato de justicia alberga a una caterva de jueces venales, es previsible que muy pronto haya estallidos sociales, en una sociedad abatida por la pandemia, la violencia, la pobreza, el hambre, la exclusión, el racismo y la carencia de futuro.
La raíz de muchos de nuestros problemas es la impunidad, que fomenta el crimen, la corrupción, el enriquecimiento ilícito, la exclusión y demás males sociales. Es una serpiente de siete cabezas que ha hecho su nido en el Congreso, pues los diputados distribuyen los fondos públicos, se reparten las obras, le dan cobertura legal a sus desmanes y enriquecen a sus financistas, sean criminales o empresarios de postín.
Además, los parlamentarios están manipulando los tiempos y la forma de elegir magistrados, a fin de que los togados venales protejan a los delincuentes que gozan de antejuicio, sean alcaldes corruptos, juzgadores corruptos o políticos deshonestos.
El actual Congreso es dirigido por especímenes vergonzantes, que le han hecho un daño enorme a la justicia, al erario público, a la gobernabilidad democrática y, sobre todo, a la política, que es el medio por el cual los ciudadanos ejercemos el poder soberano, que nos permite definir nuestro futuro. Ellos están cerrando las vías civilizadas para ejercer el poder popular, el cual si no se expresa por la vía política lo hace por la vía violenta.
En este daño societario también tienen igual o más culpa los corruptores y los empresarios que financian ilegalmente a los partidos, para que alcaldes, ministros y diputados les asignen obras dolosamente, o emitan normas que les otorgan privilegios.
En 1993, en el marco de la crisis del serranazo, la Corte de Constitucionalidad estableció la ruta para una depuración legal del Congreso, mediante una opinión consultiva, estableciendo que se podía acortar el periodo de una legislatura, efectuando una Consulta Popular, al amparo del Artículo 173 constitucional. Si el Pueblo soberano la aprobaba, dijo, los diputados cuestionados deberían renunciar y, lógicamente, se debería convocar a una nueva elección.
Las rutas constitucional y social están trazadas y, de seguir así, este Congreso tiene los días contados; 2021 será un buen año para depurar a los corruptos.
