Oscar Clemente Marroquín

ocmarroq@lahora.gt

28 de diciembre de 1949. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Periodista y columnista de opinión con más de cincuenta años de ejercicio habiéndome iniciado en La Hora Dominical. Enemigo por herencia de toda forma de dictadura y ahora comprometido para luchar contra la dictadura de la corrupción que empobrece y lastima a los guatemaltecos más necesitados, con el deseo de heredar un país distinto a mis 15 nietos.

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Muchas veces pensamos que un mal gobierno significa tiempo perdido en el avance que necesita cualquier país pero la experiencia demuestra que no es únicamente eso sino que lo peor son los retrocesos que se sufren y que hacen mucho más complicado el futuro. Si nos detenemos nada más a ver lo que significó el gobierno de Jimmy Morales y lo que está significando este gobierno en el tema de la seguridad ciudadana al desmontar los avances que se habían dado en la profesionalización de la Policía Nacional Civil podemos entender la gravedad del problema porque no bastarán cinco años de buen gobierno para restablecer lo que se perdió desde hace un lustro.

Los procesos de formación y capacitación de los agentes fueron posiblemente el paso más importante que se dio para empezar la construcción de una fuerza pública eficiente y competente, pero hasta la eficiencia de la academia es cosa del pasado y además de eso se eliminó no sólo a una cúpula que estaba haciendo bien su trabajo, sino que se pararon retirando de la institución todos aquellos agentes que no comulgaban con las viejas prácticas que se volvieron a enraizar en el ejercicio cotidiano de las funciones policiales.

Se ha abandonado por completo el sentido de la eficiente planificación del futuro y por lo tanto el Estado simplemente va por arrastre sin visión, sentido ni norte porque hace mucho tiempo que no tenemos gobiernos visionarios que se impongan aspiraciones grandes para el beneficio de los habitantes. Todo está terriblemente concentrado en el trinquete y no queda tiempo ni interés para pensar más que en lo que puede engordar la billetera, razón y esencia de la función pública para los políticos de nuestros tiempos que han encontrado maravillosos aliados en empresarios que los utilizan a sabor y antojo para incrementar, ellos también, sus ganancias.

Lo mismo que pasa en la Policía Nacional Civil está pasando en el Ministerio Público donde las ansias por eliminar el último vestigio de los avances que se lograron son evidentes. La Fiscalía Especial Contra la Impunidad se fortaleció con el traslado de capacidades que le hizo la CICIG en su momento, permitiendo la profesionalización en el tema de las investigaciones. Un país en donde la mayoría de procesos dependían de la prueba testimonial, que se llegó a convertir en prueba madre, empezó a usar la prueba científica en los proceso penales lo que ha dado más eficiencia en la persecución de los delincuentes. Pero se ha llegado al colmo de que se contrata a personas vinculadas con el narcotráfico para hacerse cargo de destruir a los fiscales de la FECI que son, indudablemente, la última piedra en el zapato de los corruptos y por ello esa ansiedad por destruir esa fiscalía.

¿Cuánto tiempo tomó esa capacitación, cuanto costó y cuánto costaría restablecerla tras la destrucción de la FECI? No digamos la necesidad de expandir las capacidades a las demás fiscalías del país. Pensar que Consuelo Porras hace daño porque solo vigila es torpe, porque su tarea es destruir los avances que se dieron en el MP en las dos anteriores gestiones. Y reparar esos daños sí que será cosa seria.

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