Obviamente el avance de la corrupción destruyó el sistema pero también nos colocó en un callejón sin salida porque en el marco legal toda propuesta de cambio tiene que pasar y ser aprobada por el flamante Congreso de la República porque así lo dispone nuestra Constitución Política que asigna exclusivamente al Organismo Legislativo la potestad de convocar a una Constituyente, pero estableciendo los parámetros dentro de los cuáles puede actuar. La idea de refundar el Estado con el nuevo concepto de pluralidad que se demanda para que sea reflejo de la sociedad es prácticamente imposible en ese contexto y aunque algunos dicen que una vez instalada una Constituyente esta se convierte en el poder soberano que puede hacer lo que le venga en gana, desde el marco estrictamente legal ello no es posible porque el mandato que le da vida estaría generado por la convocatoria que haga el Congreso para abordar específicamente los puntos que ellos dispongan.
En otras palabras, el sistema colapsó y prácticamente tenemos un Estado fallido pero no hay vía legal para resolver el problema ni para enderezar realmente el rumbo a fin de crear un sistema de efectivo combate a la corrupción y la impunidad. En abril del año entrante tendremos una Corte de Constitucionalidad integrada ad hoc específicamente para ser escudo del sistema y de la dictadura de la Corrupción, por lo que todo estaré literalmente perdido.
Pero en los últimos días hemos visto el surgimiento organizado de nuevos actores que no pueden pasarse por alto. Nuestra históricamente ignorada, no digamos olvidada, población indígena está llegando a la capital para hacer sus reclamos, convirtiéndose en un protagonista no sólo importante sino que puede ser decisivo en muchos sentidos. Y no olvidemos la campanada que dio en la elección pasada el Movimiento de Liberación de los Pueblos que alcanzó una votación que nadie sospechó ni reflejaban las encuestas, lo que indica que hay un trabajo consistente en la base para hacer conciencia de la importancia de la organización social para incorporar a esos grupos que demandan un Estado plural.
Pero la Constitución es, en este caso, una camisa de fuerza y por mucho que en otros aspectos sea ignorada y hasta violada impunemente, como con la elección de las Cortes, es obvio que toda la normativa que regula el proceso de reforma constitucional sería el elemento esencial para atajar cualquier intento por realizar cambios de verdad al sistema.
Alguien dice que en temas sociales y políticos no existen en realidad callejones sin salida porque de una u otra manera la presión popular puede encontrar esa salida imposible. Nadie puede saber hasta dónde pueda llegar un movimiento político diferente que, quien quita, llegue a controlar el Congreso o que puedan darse otras situaciones de esas que han hecho que nos califiquen como repúblicas bananeras.
Y el comportamiento de la clase política que pretende seguir abusando de su condición cada vez más intocable puede ser el hecho generador de esos movimientos que no aparecen aún en el radar de la movilización social. Pero como tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe, no podemos descartar que la camisa de fuerza quede hecha chirajos.
Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.gt28 de diciembre de 1949. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Periodista y columnista de opinión con más de cincuenta años de ejercicio habiéndome iniciado en La Hora Dominical. Enemigo por herencia de toda forma de dictadura y ahora comprometido para luchar contra la dictadura de la corrupción que empobrece y lastima a los guatemaltecos más necesitados, con el deseo de heredar un país distinto a mis 15 nietos.