Raúl Molina
Desde la Revolución del 20 de octubre de 1944 la lucha por la vigencia de los derechos humanos en nuestro país no ha cesado. La Primavera Democrática dio valor y cumplimiento a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las y los guatemaltecos, aún antes de su incorporación en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Derechos, entre otros, a la salud, la educación, la vivienda, el trabajo y la seguridad social, hoy tan vil y cruelmente pisoteados por las “dictaduras de la corrupción”, florecieron durante los gobiernos de Arévalo y Árbenz, sin que, por ello, fuesen menoscabados los derechos civiles y políticos; más bien, estos se extendieron a toda la ciudadanía. Ese Estado de derecho y de vigencia plena de derechos humanos fue violentado por Estados Unidos en 1954, atentando contra el derecho a la libre determinación de nuestro Pueblo, soberanía y libertad. Los “liberacionistas”, de la mano de la Embajada, la CIA y el sector privado, fueron despojándonos de los demás derechos, para convertirnos en servil colonia gringa a lo largo del siglo XX. Rendimos tributo hoy a quienes, haciendo uso del “derecho a la rebelión” se alzaron en armas el 2 de agosto de 1954, el 13 de noviembre de 1960, en fechas sucesivas como movimientos revolucionarios armados a partir de 1962, y la URNG a partir de 1982, porque esas luchas fueron, de principio a fin, una reivindicación de los derechos humanos del Pueblo de Guatemala. Es la esencia del Acuerdo de Paz Firme y Duradera que el Estado y los poderes que le dominaban fueron obligados a firmar el 29 de diciembre de 1996.
Traicionado este Acuerdo, se nos ha convertido en colonia gringa con capataces “criollos”, cercenándose o limitándose nuestros derechos humanos e imponiéndose el autoritarismo, la delincuencia, el robo, la corrupción y, por encima de todo, la impunidad de criminales y delincuentes. No hemos dejado de luchar por derechos fundamentales, especialmente el derecho a la vida, como nos comprometimos a hacer ante el asesinato de Monseñor Gerardi; lo hemos hecho en todo momento, pese a los asesinatos de muchos compatriotas. Expresamos nuestro reconocimiento a héroes y heroínas del movimiento de derechos humanos, particularmente funcionarios con desempeño impecable en la PDH, como hoy hace Jordán Rodas, y organizaciones que defienden los derechos humanos pese a su estigmatización por el CACIF, los militares y grupos allegados. Instamos al Pueblo, en el territorio nacional y la Diáspora, de todos los estratos sociales y etnias, a no detener la lucha por la vigencia de los derechos humanos, que hoy se centra en el enfrentamiento de la “maquinaria de la corrupción”. Recordemos siempre que cuando la tiranía, como la actual, nos veda el goce de nuestros legítimos derechos humanos, nos queda el supremo derecho a la rebelión, que puede ser con manifestaciones por la dignidad o con revolución armada. En la etapa post pandemia del mundo, las revoluciones no son solamente posibles sino que necesarias, para rescatar al “Homo sapiens” de su principal enemigo: el “Homo egocéntrico”.
