Por: Lic. Luis Fernando Bermejo Quiñónez
@BermejoGt
lfernandobermejo@gmail.com
En columnas pasadas he abordado la necesidad de impulsar reformas urgentes de nuestro sistema electoral. Quizá la más importante dicho hasta la saciedad por analistas, políticos, empresarios y por el ciudadano común, de todas las posiciones ideológicas, es reformar cómo elegimos los diputados del Congreso. Debemos, como cuestión de primer orden, deshacernos del sistema de elección de diputados por “listas cerradas y bloqueadas”.
Ahora parte del problema de la pobre oferta electoral tiene que ver con la pobre calidad de los partidos políticos. Los partidos políticos deberían ser los canales de incidencia política de acuerdo a las preferencias políticas de sus miembros. ¿Qué tenemos? En Guatemala no tenemos partidos políticos con posiciones ideológicas definidas y plataformas programáticas, sino, por diseño institucional, son “grupitos” gestores controlados siempre por los mismos (ya que no existe renovación de liderazgos) y que controlan listas de “afiliados” a su antojo que lo son únicamente porque les tomaron una firma hace años y los llaman a votar “selectivamente” cada cierto tiempo a las asambleas.
Por lo anterior, considero que una reforma electoral próxima debe manejar los incentivos de formar un partido político de distinta forma para restarle la capacidad a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) – normalmente los “grupos gestores” de los partidos políticos – de generar ganancias por venta de candidaturas a partir del control de un partido político de pocos afiliados. Para ello, propugno que éste no pueda designar a los candidatos a diputados y alcaldes donde no tiene organización partidaria. Para “democratizar” los partidos se debe eliminar tal potestad y permitir que los partidos únicamente puedan postular candidatos donde tengan organización partidaria para que estos “necesariamente” inviertan en expandir su estructura a más distritos y hacer una labor más real de afiliar gente por convicción y no “mantener” el número “mínimo” como ocurre actualmente. Competirán donde tengan “presencia”. Considero que sólo con este cambio en la Ley Electoral pudiera conllevar una mejora considerable a nuestra democracia por otorgar los incentivos a querer involucrar y afiliar personas con la consecuente mayor penetración de los mecanismos democráticos en nuestra sociedad.
Otro aspecto a mejorar también es el tema del “acceso igualitario de medios de comunicación” en campañas electorales. En muchos países existe este sistema y considero que es una reforma importante que permite que la competencia electoral sea justa y equilibrada. El gran error de la reforma del 2016 es que fijó como tarifa electoral en el artículo 220 literal g) de la LEPP el “…veinte por ciento (20%) del valor que resulte del promedio de la tarifa comercial…” lo cual es anti-económico y tuvo el efecto precisamente de que los medios de comunicación no se inscribieran para que se pudiera pautar en ellos. Tuvimos pues, una campaña “afónica”. La solución a este esquema errado es mantener el sistema de registro de medios de comunicación pero que la “tarifa electoral” sean las “tarifas de mercado” del año anterior y que el TSE siga siendo el “único pagador” dándole la potestad a los partidos de que con su presupuesto “finito” decidan dónde, cuándo y cómo invertir el presupuesto de medios de comunicación. Indudablemente esto conllevará que el TSE tenga una asignación presupuestaria mayor para poder pagar la pauta publicitaria a mayor costo, pero sería funcional contrario al esquema actual.
Por último, es imperativo modificar el artículo 21TER literal c) de LEPP que manda a que todo “financista político” deba tener un libro contable de contribuciones en efectivo y en especie, ya que es un mecanismo inoperante y disuasivo in extremis. Considero que lo importante para reprimir el financiamiento opaco y el ilícito en campañas políticas es eliminar el efectivo de las mismas, vehículo por donde el narcotráfico penetra los mismos y la correcta fiscalización de las cuentas de los partidos políticos. Adicionalmente, el delito de financiamiento electoral no registrado debe elevarse su pena acordemente al aporte no registrado. Es inverosímil que alguien pueda aportar millones a una campaña política y su pena final máxima pueda ser pagar una conmuta de Q 182,500 ya que el delito tiene pena máxima de 5 años y es conmutable a razón de máximo Q 100 diarios. Pareciera se incentiva la conducta más que reprime por las potenciales ganancias a futuro.
La profunda desinstitucionalización del país tiene su raíz en el pobre diseño de nuestras normas electorales vigentes. Las normas actuales inhiben por diseño la discusión electoral y no coadyuvan a que las mejores personas lleguen a ocupar cargos de elección popular. Debemos modificarlas y pronto.
