David C. Martínez Amador
No es una cuestión para estar orgullosos precisamente. El hecho que un país permanentemente vea sus plazas llenas de ciudadanos descontentos es un síntoma muy claro: Las instituciones no están produciendo los ´outputs´ necesarios para satisfacer las demandas del sistema político. Tampoco es una medalla para la democracia guatemalteca notar la facilidad con la cual se demanda la renuncia presidencial cómo si lo anterior fuera la regla en los sistemas democráticos.
¿Qué tiene de maravilloso que las plazas se ´llenen´ en 2015 y lo vuelvan a hacer ahora en pleno 2020? En realidad, más allá de afirmar que es un importante garantía democrática la expresión del hartazgo ciudadano, es más importante reconocer lo vital que resulta reforma los instrumentos electorales para evitar esta situación. Nada se va a resolver con demandar la renuncia de los subsiguientes presidentes.
La democracia guatemalteca traspasa ya el umbral de las tres décadas y sin embargo, no parece lograr un nivel de consolidación democrática. Si, en efecto hay elecciones y hay partidos políticos (que difícilmente logran construir el rol de intermediación) pero la calidad de las instituciones es realmente, muy pobre. Hay determinadas situaciones actuales que resultan increíblemente preocupantes y que, por decir poco, muestran un retroceso en materia de la calidad institucional. Este retroceso se proyecta en temáticas relativas al acceso a la información pública, la calidad de la gestión pública, la falta transparencia, la nula meritocracia así cómo, el eterno aspecto de la certeza jurídica. Además de eso, resulta terriblemente preocupante (por no decir aterrador) la cantidad de aviones cargados con droga que aterrizan en el país. Para preocuparse aún más, la brecha abierta en el Ejecutivo con respecto a la diferencias entre el Presidente y Vicepresidente es algo en realidad, nunca antes visto.
Por un momento no queda claro si el país se encuentra en 1993 o, en el 2021.
¿Qué puede hacerse para que esta situación no vuelva a repetirse?
No parece existir en este momento ningún ´poder de tutela o actor de veto´ que delimite cuales son las fronteras intransitables. Tampoco parece existir un actor de tutela capaz de sentar la agenda prioritaria: En algún momento el G13 tenía esta capacidad, en otro momento la Comisión Internacional Contra la Impunidad y la Corrupción (CICIG) parecía tener esta capacidad. Por último, históricamente este rol ha recaído en 2 actores tradicionales: 1) El sector privado organizado, y; b) los Estados Unidos de Norteamérica que sin embargo desde la gestión del anterior embajador parece que abandonó su rol de arbitro final.
Así las cosas, mientras este los actores de tutela no se recomponen, será muy difícil en realidad retomar el rumbo que oriente hacia las reformas inconclusas, las reformas en materia electoral y las reformas al sector justicia. Posiblemente antes que esto suceda la crisis puede agravarse y sólo en ese momento, los actores tradicionales de tutela podrán darse cuenta de la necesidad de retomar su actuación tradicional.
Es esto o, continuar en la dinámica de la eterna inestabilidad.
