José Roberto Aléjos Cámbara
Tenía yo apenas 8 años cuando un 7 de agosto de 1969, Irma Raquel Flaquer Azurdia fue blanco de un atentado al explotar un artefacto en la parte trasera del vehículo que conducía, retornaba de los actos del que sería mi partido, el Partido Revolucionario en la campaña presidencial de Mario Fuentes Pieruccini. Resultó herida y fue dada de alta el día 18; apenas fue interrogada por escasos 20 minutos.
El 18 de octubre de 1980, a pocos años del golpe y la convocatoria constituyente, su hijo Fernando, fue herido de muerte. La autora de la columna “Lo que otros callan” tuvo que detener el vehículo, entonces fue secuestrada, desaparecida y a pesar de tantas denuncias e intervenciones, el caso se archivó.
En el ínterin del primer atentado y su desaparición, fueron asesinados el periodista Isidoro Zarco (1970) en aquel entonces subdirector de Prensa Libre, Mario Monterroso Armas (1974); Mario Rivas Montes (1980), también murió Luis Alberto Romero, mejor conocido como Mateo Curruchiche, un periodista y locutor identificado con la población indígena. Alaide Foppa fue secuestrada aprovechando su retorno al país por las fiestas navideñas. En febrero de 1982, a pocas cuadras de mi residencia, fue asesinado Roberto Girón Lemus, fundador del Diario La Nación y asesor de publicidad del General Aníbal Guevara, por quien se provocaría el golpe de estado.
En nuestra mente, la libre emisión del pensamiento en aquel ambiente que se vivía, no podía ser corto, poco específico y no consensuado, en una constituyente que hasta hoy se jacta de haber trabajado tomando en cuenta a todos los sectores. Pero Oscar Clemente y Gonzalo Marroquín, en aquel entonces presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) redactaron la propuesta, pasándola antes por una discusión con los medios nacionales e internacionales. La llevaron a la Comisión de los 30 que no se atrevió a cambiarle ni una sola palabra. Agregándole un último párrafo a solicitud de la enorme cantidad de reporteros que cubrían la fuente y que literalmente dice “Los propietarios de los medios de comunicación social deberán proporcionar cobertura socioeconómica a sus reporteros, a través de la contratación de seguros de vida”
Cuando un informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) documenta que entre 2015 y 2018 han sido asesinados por lo menos 17 periodistas; cuando con motivo del Día Nacional del Periodista, se denuncia y rechaza el asedio bajo el cual se encuentra la libertad de expresión y prensa, cuando las distintas asociaciones se pronuncian en contra del uso de violencia en las recientes manifestaciones en donde por lo menos 3 periodistas fueron maltratados, entre ellos Melissa Mencos y Carlos Sebastián.
Cuando se usan otros medios para callar la expresión de un pueblo y la Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia renuncia de un cargo que anteriormente desempeñó alguien que trabajó por años para un jefe de carácter extremadamente fuerte y cuando se difunde la agresión de un particular contra un periodista que hacia su trabajo, creo conveniente desglosar ese artículo 35 para que se entienda qué es la libre emisión del pensamiento, redactada y aprobada un 15 de enero de 1985 en lo que los medios llamaron una emotiva sesión constitucional.
Caminemos, participemos… o definitivamente no avanzamos. Continuará
