Juan José Narciso Chúa
El país se encuentra inmerso en un momento crítico caracterizado por la entronización de una fuerza que cohesiona al Gobierno, el Congreso de la República -con sus honrosas excepciones-, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público -a excepción de la FECI-, el Tribunal Supremo Electoral y la Contraloría General de Cuentas.
Este grupo es lo que Gramsci llamaría el Bloque en el Poder, pero que hoy su elemento de cohesión es la corrupción y el mantenimiento de un sistema estructuralmente dañado pero que sirve a las élites económicas, a los militares, a empresarios emergentes y hoy, cada vez con más fuerza, a los grupos vinculados al narcotráfico.
La situación es seria y es delicada. La visión cerrada del Pacto de Corruptos, queriendo aplastar cualquier vestigio que guarde relación con la lucha anticorrupción ha provocado condiciones para el malestar, la indignación y la protesta popular que se ha encontrado ante un Ministerio de Gobernación y una cúpula de la Policía Nacional Civil, plagados de personas que únicamente cuentan con credenciales de un pasado cuestionable, caracterizado por haber sido despedidos por actos ilícitos, pero su permanencia en sus puestos, de acuerdo al mandatario actual, es indiscutible.
Y esta tozudez del Presidente, marca otra gran diferencia en la conducción del país. Sus actuaciones cuando se trata de tomar decisiones estratégicas o políticas, las hace de forma temperamental, sin uso de razones lógicas que le permitan sopesar las distintas direcciones a tomar. La persistente mentira como argumento muestra rasgos de temeridad, cuando el país necesita de una persona que articule diferentes instancias en una ruta hacia la gobernabilidad.
El Pacto de Corruptos presenta una visión de coyuntura, unos buscando acabar con cualquier vestigio “comunista”, pues toda persona crítica, toda persona que tenga pareceres contrarios o toda persona que haga propuestas alternativas o bien que se mantenga en una postura anticorrupción, representa una “amenaza comunista” o se encuentra seriamente vinculado a la CICIG.
Otros, por su parte, buscan asegurar continuidad, pero también socavando las instituciones que han sido un bastión para la legalidad. La lucha por un Estado de Derecho, hoy se sostiene nada más por la Corte de Constitucionalidad, que se ve atacada por diferentes flancos y por instituciones que deberían representar la lucha legítima por la legalidad, como el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia.
En el caso del Tribunal Supremo Electoral, se busca legitimar a cualquier partido político que se vincule a favor de mantener el sistema y con ello pasar de la Corte Suprema de Justicia al Tribunal Supremo Electoral o de ahí a la Corte de Constitucionalidad, sin el menor reparo, únicamente hacer uso del puesto que ostentan para contribuir a un sistema corrupto, pero con ello mantener sus privilegios e ingresos y apoyar a mantener el sistema corrupto.
La Contraloría General de Cuentas, únicamente hace el “juego que siempre jugó”, dejar pasar y dejar hacer, para todos aquellos grandes negocios, los cuales se resuelven antes de convertirlos en denuncias, con lo cual pasó a ser un apéndice de los regímenes gobernantes, es aquella instancia que legitima, no que cautele el uso de los recursos de los que pagan impuestos.
La actual Fiscal General prefirió no jugar un papel histórico en la justicia del país, para cambiarse fácilmente hacia el lado oscuro de nuestra historia y convertirse en un eslabón más para la destrucción del Estado de Derecho.
En suma, la crisis es seria y constituye una crisis profunda de legitimidad de las instituciones, pero el pueblo ya sabe todo esto y lo traduce con su presencia, su crítica y su protesta. Ojalá la misión de la OEA pueda sopesar adecuadamente cada punto de vista y tomar distancia de un absurdo y falso golpe de Estado.
