Víctor Ferrigno F.
Las guerras, las pandemias y las calamidades públicas provocadas por fenómenos naturales suelen develar las grandezas y las miserias de los gobiernos y de las naciones. Los dos huracanes consecutivos que nos han golpeado, Eta e Iota, en medio del COVID-19, nos obliga a realizar un descarnado recuento de daños, negligencias y corruptelas, para superar carencias y demandar juicio y castigo a quienes, por desidia o corrupción, dejaron morir a nuestros hermanos.
El Centro Nacional de Huracanes de la Florida, y luego el Insivumeh, advirtieron sobre la formación, desplazamiento y daños previsibles del huracán ETA, pero Conred y las demás dependencias gubernamentales casi no hicieron nada para acondicionar albergues, garantizar cadenas de suministro de alimentos y medicinas, trasladar personal sanitario a zonas anegadas, y establecer rutas y medios de evacuación de afectados. Desinterés, incapacidad y negligencia criminal fue la constante, incrementándose el número de afectados, enfermos y muertos. Esta realidad, literalmente, llora sangre.
Tampoco hubo medidas para prevenir el contagio del COVID-19 durante las escasas evacuaciones y en los albergues; la población está librada a su suerte.
Después vino la manipulación de la ayuda humanitaria, el proselitismo político en las unidades de salud y la ausencia de alimentos y otros insumos en los albergues. Los damnificados, los deudos y la población se pregunta ¿Dónde está el dinero, dónde la ayuda?
Hasta ayer, el recuento oficial era de 53 muertos y 18 heridos, siendo evidente que no hay proporción entre unos y otros. Se reportan 96 desaparecidos, 10,137 personas en riesgo, y un millón doscientos mil afectados. Fueron evacuadas unas 184 mil personas; se alojan en albergues oficiales 17,324, y en refugios no oficiales 167 mil, siendo la relación casi uno a diez, lo cual dice mucho de los refugios gubernamentales y su atención.
En Nicaragua, con una afectación meteorológica similar, no hubo un solo muerto, pues los desalojos comenzaron tres días antes y contaban con transporte, albergues, medicinas, comida y personal sanitario.
El daño en infraestructura en Guatemala fue serio; 40 mil viviendas con daños de moderados a severos; 148 carreteras afectadas, y 14 destruidas; 21 puentes destruidos; y 326 escuelas dañadas. Los corruptos constructores ya se relamen por las pingües ganancias que obtendrán por la reconstrucción sobre preciada.
Mientras la población estaba en la pena, el pacto de corruptos estaba en la pepena. Entre ciclones, deslaves y muertos, aprovecharon para promover el nombramiento de un abogado de cuestionada trayectoria y obsecuentes sentencias, como representante de la Corte Suprema de Justicia ante la Corte de Constitucionalidad. Además, avanzaron en la promoción de una iniciativa de ley para controlar el acceso a la información pública, a fin de frenar la auditoría social.
Como si fuera poco, ayer por la tarde, sin tiempo para estudiarlo y en un marco de opacidad, la bancada oficial y sus aliados presentaron al Pleno un nuevo proyecto de presupuesto, por casi cien mil millones de quetzales, el más alto de la historia, que aún se debatía al cerrar esta columna, de madrugada. Una de las primeras enmiendas fue aprobar el presupuesto del Congreso, por más de mil millones de quetzales, y reducirle 20 millones a la PDH, para neutralizar su defensa de los DD.HH.
A Guatemala le sigue lloviendo sobre mojado con el ciclón Iota, el rebrote del Coronavirus avanza, y la plaga de la corrupción carcome la esencia de la democracia, pero más temprano que tarde políticos y empresarios venales serán juzgados y condenados, porque la justicia tarda, pero llega.
