Walter Juárez Estrada
El gobierno creó la Comisión Contra la Corrupción, con un presupuesto millonario, su función es estéril e irrelevante; la corrupción en la administración pública sigue erosionando el erario público, y ha puesto en alerta a los diputados que cuestionan el trabajo del comisionado Oscar Dávila, a quien le exigirán rendimiento de cuentas. Los legisladores consideran que es innecesaria y contrapone y el trabajo del Ministerio Público de las fiscalías Contra la Corrupción y la Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público, que hasta hoy, ha realizado una buena labor, al accionar contra los corruptos.
Al asumir el cargo Alejandro Giammattei, dijo que una de sus prioridades seria “corrupción cero” y conformaría una Comisión Contra la Corrupción, con entidades de prestigio e incluso de la prensa. Como es usual en su accionar, fue una “llamarada de tusas”, pues creó la Comisión y designando a Dávila como jefe, hasta ahora no se conoce qué acciones ha hecho para que el presidente erogué el acuerdo del Centro de Gobierno, con un presupuesto de varios millones y nombró a su “allegado de confianza” “Miguelito” Martínez Morales, como jefe, con funciones que por ley le competen al vicepresidente Guillermo Estuardo Castillo Reyes.
El gobierno está urgido de fondos, máxime en los actuales momentos por la furia del huracán Eta, que dejó en crisis a varios poblados en 9 departamentos y al dispararse el Coronavirus, sigue causando víctimas, al irrespetar la población los protocolos sanitarios. Los diputados aprobarán el decreto de emergencia para las áreas en crisis y ejercerán fiscalización para evitar la corrupción. Consideramos prudente que el presidente Giammattei, erogué los acuerdos que dieron vida jurídica a la Comisión Contra la Corrupción, y el Centro de Gobierno, que lo hizo para complacer las exigencias de Martínez, que sin experiencia en la administración publica, tiene asignadas funciones que contradicen las normas constitucionales.
La corrupción sigue igual como los regímenes pasados y Oscar Dávila, hace el papelón de Fiscal, que no le compete y si tanta es la idea de Giammattei, de combatir la corrupción, le corresponde a la Contraloría General de la Nación, fiscalizar los fondos de los entes del estado, especialmente en las corporaciones municipales donde los Concejos erogan varios miles para el pago de dietas y hacen negocios oscuros con el consentimiento de narcos y grupos que tienen cooptadas los ministerios y organismos del estado con y sin el consentimiento del presidente de la república, que debe cumplir sus promesas de campaña para terminar con la corrupción de la cual dijo sería una de sus prioridades, pero ya en la realidad todo ha resultado falaz, de los políticos trasnochados.
Giammattei dijo que los millones incautados en Antigua Guatemala, deben ser trasladados para ayudar a los afectados con Eta, pero eso no es posible, porque están asignados a varios organismos y deben ser autorizados por el Juzgado de Extinción de Dominio, como dice la ley y de cumplir su promesa podría dar lugar que se accione en su contra.