Es una verdadera pena ver el triste papel de nuestras instituciones que ahora podemos observar de manera muy preocupante con la emergencia causada por la tormenta Eta. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres surge después del terremoto de 1976 y se basa en el modelo eficiente que fue el Comité Nacional de Reconstrucción que dirigió el general Ricardo Peralta Méndez, quien no sólo coordinó con toda honestidad y transparencia el programa de ayuda a los cientos de miles de afectados, sino que se esmeró por la eficiencia para que la ayuda internacional llegara rápida y prontamente a quienes lo necesitaban. El terremoto fue un desastre enorme y bajo la conducción de Kjell Laugerud, el país rápidamente estuvo de pie para continuar la vida y efectuar su reconstrucción.
Inicialmente Conred usó mucha de la experiencia de esos años y por ello fue al principio eficiente, pero tristemente cayó, como casi todo el sector público, presa de la corrupción y ahora sirve para recibir donaciones que luego se esfuman y nadie logra ubicar, sin que juegue ningún papel en la tarea de prevenir desastres. Cuando ocurrió la erupción del Volcán de Fuego recibieron alertas oportunas del Insivumeh, pero desafortunadamente no las trasladaron a los pobladores que fueron sepultados por los ríos de material volcánico.
Ahora, con Eta, también el Insivumeh cumplió con dar la alerta oportuna del riesgo que representaba el fenómeno atmosférico para el territorio nacional y, como ya es costumbre, Conred emitió un par de comunicados de “alerta” y se acabó, delegando todo el esfuerzo en sus coordinadores municipales y departamentales que no tienen ni la menor idea de qué hacer.
Urge reformar Conred como urge reformar tantas instituciones destruidas por la corrupción, entre ellas la misma Contraloría General de Cuentas de la Nación y la Secretaría de Asuntos Administrativos y Seguridad de la Presidencia, tan criticada por el mismo Giammattei cuando era candidato, pero la que aparentemente encontró muy útil cuando, ya de presidente, recibe sus onerosos servicios.
Lo malo es que cualquier reforma tiene que ir por el Congreso y eso preocupa porque sabemos qué papel juega la alianza oficialista que hace mayoría en el poder legislativo. Si se reforma una institución por ese grupo mayoritario, seguramente que el cambio será para hacerla más eficiente al servicio de la corrupción. Esa es la triste realidad de nuestro país donde aspirar a cambios absolutamente necesarios se vuelve utópico porque no existe ni la forma ni el modo de que se apruebe nada más que aquello que interesa a los de siempre.
