Walter Juárez Estrada
De ser cierta la supuesta desaparición de l35 millones de la Dirección General de Caminos los imputados podrían ser acusados de colusión, tráfico de influencias, conflicto de intereses y abuso de autoridad; no es posible que la cartera de Comunicaciones, vuelva a robar espacios en los medios, por la desaparición misteriosa de esos millones y nadie de razón. El titular del despacho Josué Lemus y funcionarios de la red vial, no despejaron las dudas que pusieron al descubierto diputados de la UNE no afines a Sandra Torres. De no despejarse la duda el ministro Lemus, diputado oficialista de Sololá, podría ser enjuiciado e interpelado.
La Contraloría de Cuentas, tiene la responsabilidad de fiscalizar los fondos del estado y de organismos autónomos y es motivo de desenfado que el Ministerio de Comunicaciones, en menos de un mes, se descubran hechos dolosos que deben ser investigados y sustanciados en los órganos jurisdiccionales. En Octubre se hallaron en un inmueble de Antigua Guatemala, 23 paquetes con moneda nacional y extranjera por l32 millones de quetzales, que se incrimina al ex ministro José Luis Benito Ruiz, contra quien se abrió proceso y captura internacional y despeje las dudas cómo amaso esa suma millonaria, su procedencia y destino, fondos que ya fueron confiscados por la FECI.
Sobre esos millones en Caminos hay mucha tela que cortar. Se conoce que Caminos y la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, suscribió con más de 40 empresas vinculadas a Fredy Chojolán y sus familiares, negocios podrían ser ilegales y compete a la CGC hacer las averiguaciones y denunciar con prueba documental y testifical, a las empresas y funcionarios, que podrían tener responsabilidad directa o indirecta de los fondos. Chojolán director de la unidad, fue separado del cargo y dijo que cuando se hizo la transferencia, le podrían haber falsificado su firma, porque estaba en cuarentena por la Virus, pero posteriormente se retractó. El vicepresidente Castillo ha pedido la destitución del Ministro Lemus.
El presidente Giammattei, no puede cruzarse de brazos y dejar que éste huracán de corrupción, se abra paso que la cartera de Comunicaciones y, este en el ojo de la población. La red vial en todo el país está en condiciones deplorables y que funcionarios de su confianza, roben a manos llenas, que el personal de salud, exponga su vida para salvar a los contagiados con el virus y reclame el pago de salarios atrasado por la incapacidad de funcionarios de Salud. Pareciera que la Comisión Presidencial Contra Impunidad está de adorno y que el comisionado Oscar Dávila, sea cómplice de la corrupción.
En dependencias del estado por años ha habido una estructura criminal de saqueo. Comunicaciones se ha convertido en un botín de corruptos, maneja un presupuesto millonario y prueba de esa cooptación empresas constructoras mediante sobornos, logran concesiones elevadas y prueba de ello es, el desvío no aclarado de esos l35.2 millones Chojolán y familiares de su círculo se han aprovecho de esa relación para hacer negocios ilegales que ahora han salido a luz y la Contraloría no puede ser cómplice de hechos ilícitos notorios en perjuicio del erario público.
