* Julio Roberto Bermejo González
Con pretexto del combate al coronavirus se aprobaron cerca de treinta mil millones de quetzales, suma que afectará el futuro económico de Guatemala en forma profunda y que nuestros hijos y nietos tendrán que pagar. Si éstas cantidades fueron invertidas en forma honesta y responsable habría que aceptar la situación por el riesgo en su salud que está afrontando el pueblo de Guatemala y fundamentalmente por la crisis económica y de salud que están afrontando los sectores afectados por la pobreza urbana y rural y todo ese amplio sector que trabaja en la informalidad y que no está siendo beneficiado por los programas creados. Esto lo saben las autoridades y no lo han corregido. Se sabe que fuertes cantidades de esos recursos se están desviando, enriqueciendo a personas inescrupulosas, que están aprovechándose de la corrupción que existe en amplios sectores de las instituciones gubernamentales.
La corrupción en el Ejecutivo es muy extensa y profunda, a diario se ve en la prensa que personas y entidades corruptas siguen haciendo contrataciones con el Estado y lo más grave es que los personeros de las diversas entidades estatales las conocen y sin embargo les siguen adjudicando las licitaciones. La mayoría de los funcionarios son permeables. Hay que reconocerlo, combatir esto es difícil, pero ello no opta a que se identifique personas y entidades que han ganado fraudulentamente licitaciones o que se les haya comprobado incumplimiento en las obras. Sin lugar a dudas el personal encargado de recibir las obras tiene una gran responsabilidad. Estos equipos deben de integrarse con personas altamente honestas.
Al asumir el gobierno de Alejandro Giammattei se creó la “Comisión Presidencial Contra la Corrupción”, como dependencia del Ejecutivo. Este Acuerdo Gubernativo fue reformado por el Acuerdo Gubernativo 321-2020 de fecha 6 de febrero 2020. Derivado de la reforma contenida en este último Acuerdo Gubernativo el Director Ejecutivo de la Comisión no podrá nombrar por si mismo al personal de la misma y tampoco manejará su presupuesto, funciones que fueron trasladados a la Secretaría General de la Presidencia.
Si la Comisión funcionara con eficiencia podría lograrse que se corrijan algunos procedimientos que facilitan la corrupción en la Administración Pública ya que dentro de ella están operando muchas personas interesadas en desviar los correctos mecanismos legales. Debemos estar conscientes que los corruptos no solo se ubican en los niveles bajos y medios de la Administración sino también están en los niveles altos, tales Ministros y Viceministros, Asesores y jefes de departamentos. Una Comisión contra la corrupción que dependa del Ejecutivo pareciera ser que está condenada a ser ineficiente. Podríamos equivocarnos pero el tiempo transcurrido y los casos conocidos parecieran darnos la razón.
Es insultante e inaceptable que un Presidente de la República goce ese extraordinario sueldo que tiene asignado, que asciende a ciento cincuenta y nueve mil quetzales, máxime con las prebendas adicionales de que goza y lo mismo puede afirmarse respecto de los Ministros. Es importante predicar con el ejemplo; pero más importante es que se controle esa extraordinaria fuga de recursos que producen las plazas de asesores y demás funcionarios incapaces en número por demás elevado con asignaciones presupuestarias no acordes a la labor que realizan. Una remuneración justa al más alto nivel de los funcionarios es aceptable, pero también lo es que a través de una urgente reforma a la Ley del Servicio Civil se equilibren las remuneraciones de los empleados públicos y fundamentalmente se combatan las plazas fantasmas, porque ellos no solo llevan desorden a la administración pública sino consumen extraordinariamente los presupuestos de las entidades estatales. Es muy importante que el gobierno le entre a este tema con mucha decisión y autoridad porque la salud y la educación demandan recursos urgentes y la excesiva burocracia los está injustamente absorbiendo.
Al Presidente de la República le corresponde imponer su autoridad y con ello lograr el respaldo popular que tales medidas requieren, porque muchos no pagan adecuadamente sus impuesto porque creen que la burocracia y la corrupción los absorben. Hay evidencia de una burocracia excesiva y eso es inaceptable en un país con tantas carencias. Resuelto el problema corresponde exigir que cada miembro de la burocracia estatal cumpla con responsabilidad y honradez sus funciones. Combatir lo anterior será uno de los más importantes logros que puede tener el gobierno central.
Hemos iniciado una nueva etapa política en el país y al Ejecutivo le corresponde asumir una actitud que ponga de manifiesto una voluntad de cambio; la corrupción está absorbiendo un alto porcentaje de los cerca de treinta mil millones de quetzales, que se aprobaron, suma que tendrían que pagar nuestros hijos y nietos. Si tales cantidades fueran invertidas en forma honesta y responsable sería saludable para el país, pero la realidad no es ésta.
Han transcurrido varios meses y la prensa reiteradamente ha denunciado actos de corrupción en las más diversas dependencias y el Presidente ni las atiende, ni las corrige. Creo que al pueblo de Guatemala le agradaría recibir información del Presidente respecto a los actos de corrupción que ha corregido, los que no solo se dan en el manejo de las compras que hace el gobierno sino también en ese manejo tan libre que tienen los contrabandistas y los narcotraficantes por tierra y por vía aérea. El pueblo se ha manifestado paciente y un tanto indiferente y la pregunta adecuada sería ¿hasta cuándo tolerará esta situación?.
El país está inundado de corrupción, de tráfico de influencias y de crisis en el equilibrio interinstitucional. El Congreso de la República se niega a elegir Magistrados de la Corte Suprema y Magistrados de las Cortes de Apelaciones. La Jefe del Ministerio Público ha estado ejerciendo acciones orientadas a debilitar a la FECI, institución que con gran valentía es la única que ha enfrentado a los narcotraficantes y al crimen organizado. Los Magistrados de la Corte Suprema y los Diputados mafiosos del Congreso de la República han montado una campaña para desestabilizar a la Corte de Constitucionalidad. El Ejecutivo está haciendo “chinche” los miles de millares de quetzales reunidos para combatir los estragos causados por el COVID-19, la desnutrición crónica de nuestra niñez y mitigar la desesperación de los sectores pobres y abandonados de nuestra población.
Muy poco se ha hecho y las compras y contrataciones irregulares continúan. Todo esto “llora sangre” pero la voracidad de los políticos sigue avanzando y la promesa del Presidente de la República de “no soy ladrón” y no permitiré que se robe se ha abandonado.
Doctor en Derecho*
