Eduardo Blandón
La incautación de Q122.3 millones (entre quetzales, dólares y euros) por parte de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) evidencia que, cuando hay compromiso, se puede hacer con eficiencia el trabajo asignado. Además, expresa meridianamente el profesionalismo y la ética laboral que anima el espíritu de los involucrados en esa fiscalía.
Por ello, la población ha reconocido la tenacidad del jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, quien, no obstante, las presiones externas e internas, ha sabido combatir contra viento y marea, cual Quijote en el reino de la impunidad y la maledicencia, el crimen enquistado en las estructuras del Estado.
Lo que ha hecho hasta ahora Juan Francisco Sandoval va más allá de los golpes puntuales contra las mafias, en el plano personal manifiesta el temple y la moral de un profesional guiado por principios. Hace patente el coraje de quien no se deja amedrentar por los poderes que invocan venganza. Esto justifica la necesidad de apoyos a una gestión que brilla en ese organismo del Estado.
Dicho espaldarazo quizá pase por la crítica hacia la Fiscal General y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, quien, hasta ahora, con su voluntariosa pasividad, no ha estado a la altura de las exigencias de su puesto. Su talante, solo dinámico cuando se trata de actos de sospechosa impunidad, es deplorable y, por esa razón, coincido con el columnista Edgar Gutiérrez cuando afirma que “a la Fiscal General la historia no la absolverá”.
La FECI tiene mucho trabajo por delante, uno de ellos, establecer el registro de los delincuentes que guardaban el dinero obtenido por la vía de la ilegalidad. Sí, ciertamente la búsqueda llevará hasta los políticos acostumbrados a operar comprando voluntades de manera corrupta, pero también apuntará a otros actores no menos frecuentes en el quehacer ordinario guatemalteco.
Lo ocurrido pone al descubierto lo que la ciudadanía conoce y ya casi no escandaliza, la descomposición de los agentes políticos y la penetración del narcotráfico en el corazón del Estado. La corrupción, sin embargo, supera a los actores de gobierno, la codicia y el ánimo de lucro inmediato, tienta también al sector privado, al financiero, a las iglesias y hasta a la sociedad civil.
Las acciones de la FECI quizá sean un llamado a la esperanza. La realización de una ilusión ya perdida. Puede que hasta sea el reclamo de una cultura que, adversando la maldad, reclame un proyecto cultural de convivencia en el que prive la justicia, la verdad y la honestidad. Deberíamos asumir lo acontecido para, además de examinar lo que ocurre en el océano de impunidad nacional, tomar medidas que estrechen esfuerzos para continuar la lucha contra la delincuencia.
