Adrián Zapata
La globalización convirtió el mundo en una aldea, en términos de comunicación. Es así como los hechos que ocurren en latitudes opuestas se están discutiendo en tiempo real en todo el planeta. En términos económicos, la mundialización de la economía es una realidad categórica. Y en términos políticos, es innegable la preponderancia que tienen los Estados hegemónicos en sus áreas de influencia, al punto que el ámbito de decisión de la mayoría de países se ve limitado por el contexto geopolítico en el cual se encuentren ubicados.
Por todas esas razones hay quienes consideran que la soberanía prácticamente es un concepto extinguido. Hay otros que afirman la necesidad de su reformulación, para adaptarlo a las condiciones contemporáneas.
También es cierto que hay ciertos temas, particularmente los relacionados con los derechos humanos, donde la soberanía no puede ser invocada para violarlos.
Dicho todo lo anterior, entro a lo que me interesa ahora abordar. Y es precisamente las acciones, que pueden ser calificadas de “intervencionistas”, de los Estados Unidos en relación al tema de la corrupción y la impunidad en nuestro país.
En ese sentido, es tremendamente significativo el mensaje que Michael Kozak enviara a la Fiscal General y que contundentemente le pide que “Procese a los corruptos, no a los fiscales anticorrupción”. El cargo de Kozak, aunque interino, es de altísimo nivel, ni más ni menos que Secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de ese país. También es de gran relevancia recordar las informaciones que fueron publicadas hace pocas semanas en la prensa nacional sobre lo que dijo William Popp a los diputados del senado norteamericano para que respaldaran su nominación como Embajador en Guatemala. En esa oportunidad resaltó el tema del combate a la corrupción, afirmando que debe apoyarse la profundización de “la capacidad de los que luchan por el acceso a la justicia, el fin de la impunidad y aumentar la transparencia dentro de Guatemala”. Destacó su deseo de poder aplicar en nuestro país la Ley Magnitsky, que sanciona con mucha severidad a personas y a empresas que estén involucradas en actos de corrupción..
Todo indica que el “establishment” norteamericano se mantiene en esa línea, a pesar del retroceso coyuntural que se ha dado durante la administración de Donald Trump.
A lo anterior ha habido diversas reacciones que rechazan, de distintas maneras, esas acciones, las cuales algunos califican de atentatorias a la soberanía nacional.
Personalmente comprendo la rabia que provoca el intervencionismo norteamericano en Guatemala, que ha sido, secularmente, responsable de dramáticos resultados en nuestra historia. Pero lo que causa indignación es la utilización absolutamente ilegítima que hacen los corruptos y sus aliados implícitos o explícitos, de la bandera de la soberanía.
Para poder reivindicarla hace falta una concertación nacional, plural, que asuma la responsabilidad de transformar el país, enfrentando la corrupción y la impunidad, pero también acordando un camino de solución a los problemas estructurales que tenemos. Sin esta concertación nacional no podemos recuperar el decoro que permita relacionarnos con los Estados Unidos desde una posición digna y soberana, aun comprendiendo su rol geopolíticamente hegemónico.
