Víctor Ferrigno F.
A Neftaly Aldana, magistrado íntegro y amigo entrañable.
En un acto de cinismo descomunal, el Pacto de Corruptos ha lanzado una ofensiva política en contra de la Corte de Constitucionalidad (CC), argumentando que está desintegrada, y que no podrá administrar justicia constitucional, hasta que se resuelva la vacancia del magistrado Neftaly Aldana Herrera. El argumento, además de espurio, es anti jurídico, pues si la CC estuviera desintegrada, tampoco podría conocer y resolver el caso del jurista Neftaly Aldana.
Como ya lo ha aclarado el órgano jurisdiccional, “La Corte de Constitucionalidad, por motivo de la ausencia temporal del Magistrado Neftaly Aldana y la vacante del cargo de la Vocalía IV, se ha integrado de conformidad con la ley, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 Bis del Acuerdo 3-89 de la CC, que regula “en caso de ausencia del Tribunal o vacancia temporal, en su lugar integrará el magistrado suplente que corresponda, de conformidad con el Organismo o estamento que haya designado a quien presentó su inhibitoria o se encuentre ausente”. “Si por cualquier causa el sustituto no pudiese realizar la suplencia, para la sustitución e integración del tribunal será llamado el magistrado suplente que le siga, según el orden descendente que corresponda”, agrega.
La maniobra política para desacreditar a la CC, por no haberse plegado a las demandas de impunidad del Pacto de Corruptos, ha sido encabezada por el CACIF, varias cámaras empresariales, los azucareros, el Presidente Giammattei, el Presidente del Congreso y la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, irrespetando la autonomía de poderes y la independencia judicial. Además, aúpan a los diputados mafiosos, que se niegan a elegir a los magistrados de la CSJ y de las Salas de Apelaciones, cosechando impunidad.
Para colmo, se han sumado a la comparsa la magistrada Dina Ochoa, el magistrado Henry Comte, y la magistrada suplente María de los Ángeles Araujo, quienes han declarado que no integrarán el pleno de la CC hasta que no se resuelva el caso del magistrado Aldana, con lo cual podrían incurrir en incumplimiento de deberes.
Ochoa y Comte fueron nombrados por el corrupto Jimmy Morales, así que llegaron a la CC con denominación de origen. Recientemente, Comte fue recurrido por conocer un caso que litiga su bufete particular, en un claro conflicto de intereses. Por su parte, Araujo es cofundadora del bufete Méndez & Araujo, en sociedad con su esposo, William Méndez, quien está procesado, sindicado de obstruir las investigaciones en el caso Construcción y Corrupción. Como se ve, se trata de una acción corporativa, que tendrá nefastas consecuencias para la administración de Justicia.
La familia del togado Aldana presentó, el 2 de octubre, una solicitud a la CC para que fuera relevado de sus funciones, por encontrarse incapacitado para ejercerlas. La prensa venal y los tinterillos de las mafias del poder han sostenido falsamente que la Presidenta de la CC, Gloria Porras, se niega a convocar al pleno para mantener el caso en suspenso. La realidad es que Porras convocó de inmediato, y hasta el martes 6 de octubre han celebrado cuatro sesiones, de las cuales dos se han suspendido a solicitud de Dina Ochoa; una por mala conexión de internet y otra por enfermedad. Es decir, Ochoa dilata el caso y los otros presionan y desgastan a la CC.
Como la magistrada Porras ha informado, declarar la incapacidad de un magistrado es un tema muy delicado, y se debe contar con el respaldo científico y técnico necesario, el cual la familia de Aldana no presentó, aclarando que el consenso de la CC es resolver cuanto antes este asunto, pero con el fundamento técnico y legal necesario.
Los términos de este debate son jurídicos, pero el trasfondo es político. Lo que el Pacto de Corruptos promueve es un cambio en la correlación de fuerzas en la CC, para terminar de construir su reino de impunidad.
