Este fin de semana se produjo la tormenta perfecta que desde hace tiempo venía esperando el Pacto de Corruptos. Primero se produjo el retiro del Embajador de Estados Unidos, Luis Arreaga, quien terminó su misión en el país y pese a haberse anunciado desde hace meses su retiro, ni siquiera por protocolo se le concedió la Orden del Quetzal. No había terminado de despegar el avión que le trasladó de vuelta cuando la Fiscal General ya había convertido en su superfiscalía a la llamada Fiscalía Transnacional, patrocinada por los mismos Estados Unidos con funciones muy específicas pero que, ya sin la supervisión del Embajador, fue transformada en el sitio para refundir los casos más importantes.
Simultáneamente los familiares del Magistrado Neftaly Aldana, acosados por la sucesión de maliciosos recursos de exhibición presentados para determinar su paradero, presentan un escrito a la Corte de Constitucionalidad notificando de su enfermedad cerebrovascular, haciendo que la presidencia de la CC convoque a un pleno para conocer el documento sin que se pueda avanzar porque una magistrada, la célebre Dina Ochoa, “tuvo problemas con su internet” y no pudo integrar el pleno ni en esa ocasión ni en la siguiente a la que fue convocada.
Cuando aterrizó en Guatemala el avión que traía al nuevo Embajador, William Popp, la tormenta ya se había armado porque tres de los magistrados (los dos nombrados por Jimmy Morales y una suplente nombrada por los “honorables diputados”), decidieron que no integrarán ningún pleno hasta que no se proceda a separar al magistrado Neftaly Aldana por incapacidad mental, extremo al que según ellos y con la asesoría de abogados como los que propusieron en la última reforma constitucional que el Banco Central no otorgue más créditos al Estado, tiene que llegar la misma CC, no obstante que la incompetencia legal de cualquier ciudadano se tiene que declarar con un procedimiento específico.
Y la guinda la pusieron tanto las Cámaras empresariales, que no representan a todos los empresarios, y el mismo Gobierno que se rasgaron las vestiduras por la “crisis” en la CC. Ni unos ni el otro dijeron nada por la negativa del Congreso a elegir Cortes que no estén alineadas a Gustavo Alejos porque a ambos, Cámaras y Gobierno, les interesa ese control perverso del sistema de justicia para asegurar impunidad.
El Departamento de Estado, mal pensado, no quiso dejar un amplio interregno entre Arreaga y Popp y uno se fue viernes y el otro vino domingo. Pero no contaban con la astucia del Pacto que corrió a armar su pastel.
