Adolfo Mazariegos
Durante las pasadas dos o tres semanas he leído varios artículos y opiniones con respecto al incremento alarmante de embarazos en niñas y adolescentes en el país. Yo mismo he escrito en distintos momentos con respecto al tema. Hace más o menos un año dediqué este breve espacio a realizar una suerte de reflexión en torno a las terribles estadísticas que entonces reflejaban esa preocupante y sintomática realidad en Guatemala, y me tomo la libertad, en esta ocasión, de reescribir el texto de aquellos días actualizando algunos datos con la intención de sumarme, nuevamente, a esas manifestaciones de alarma y preocupación, si de algo sirve. Según datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS); del Registro Nacional de las Personas (RENAP) y del Observatorio en Salud Reproductiva (OSAR), tan sólo de enero a julio del año pasado (2019), se registró un total de 31,721 embarazos en menores comprendidas entre los diez y los diecisiete años (inclusive), cifra que ha aumentado alarmantemente este año y mucho más en comparación con los datos del mismo periodo del año 2018, que entonces daba un total de 25,402 embarazos en menores comprendidas en el mismo rango de edades (contabilización propia con datos obtenidos en: https://osarguatemala.org/embarazo/). Esos números son por sí solos bastante preocupantes, siendo 721 de esos embarazos, de niñas cuyas edades van de los 10 a los 13 años (he ahí algo aún más alarmante, cifra también en aumento comparada con la del año anterior que era de 417). Algo realmente inaceptable y repudiable en virtud de que pone de manifiesto no sólo el hecho del embarazo en sí, sino además una serie de actos delictivos que evidentemente se están dando en el entorno de las niñas y que debieran ser denunciados, perseguidos y llevados ante la justicia como corresponde, puesto que involucran, las más de las veces, violaciones y abuso infanto-juvenil cuyas consecuencias, además del embarazo de la niña o adolescente abusada, también les deja secuelas psicológicas y físicas muy difíciles (sino imposibles) de sanar. Adicionalmente, se evidencian aberraciones y problemas culturales y educativos serios, dado que -no generalizo, por supuesto, pero- las más de las veces, en un considerable número de casos, el abusador es un familiar o amigo cercano a la víctima, lo cual agrava la problemática ya que muchas veces eso suele convertirse en un obstáculo para la realización de la denuncia y persecución del delito o delitos que puedan estarse cometiendo quizá de forma continuada. Es evidente que las políticas públicas en materia de salud y educación (entre otras, y sobre todo en esta coyuntura de pandemia) tienen serias falencias en la temática, no han sido eficientes ni eficaces para contrarrestar o disminuir esos índices que sencillamente no debieran existir. Es urgente, sin duda, hacer algo para evitar que se sigan dando y se incrementen, año tras año, esas alarmantes, preocupantes e inaceptables cifras de niños dados a luz por niñas.
