Adolfo Mazariegos
Hace poco más de una semana sostuve una interesante y extensa charla telefónica con un viejo amigo de universidad. Conversamos de todo un poco. Sin embargo, quizá uno de los temas que consumió más tiempo de aquella conversación fue la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y las reformas que supuestamente, a estas alturas, la misma ya tendría que haber experimentado. Ambos, mi amigo y yo, estuvimos de acuerdo en que no obstante esa innegable y urgente necesidad, las expectativas ciudadanas y la realidad parecieran distanciarse inexorablemente entre sí cada vez más. Las noticas y evidencias que al respecto se siguen conociendo por distintos medios casi a diario, a pesar de la coyuntura de pandemia, indican que los vicios del pasado y el abuso en el ejercicio de la función pública (no generalizo, por supuesto) siguen siendo parte de la dinámica que mueve gran parte del sistema político guatemalteco. Una suerte de cultura a la que muchos ven erróneamente como algo que no va a cambiar porque así ha sido ya durante mucho tiempo y así seguirá (algo terrible para el país, sin duda). Las llamadas Reformas de Primera, Segunda, Quinta, Décima Generación o como quiera denominárseles, tan comentadas y alardeadas en su momento, sencillamente resultaron un fiasco, y el futuro en tal sentido pareciera poco menos que incierto. Es decir, lo único cierto en ese asunto es que el futuro del sistema político guatemalteco, para la ciudadanía y población en su conjunto, sigue viéndose tan incierto como supuestamente ya no tendría que suceder (dispénsese la suerte de pleonasmo). El reciclaje de cuestionados actores “políticos” que sencilla y fácilmente pasan a formar parte de “nuevos partidos” -por ejemplo- se sigue dando; las demandas ciudadanas en cuestiones de fondo se siguen ignorando; las prácticas clientelares y personalistas se siguen observando; y esa visión tan limitada en función de no querer trabajar por un mejor país desde el ámbito de la administración pública y desde los organismos de Estado sigue siendo más que notoria, lo cual es lamentable, no sólo porque se subestima al guatemalteco en términos generales, sino porque se desaprovecha la oportunidad de realizar cambios reales y necesarios que mucho contribuirían a conseguir una mejor Guatemala para todos. Y en ese juego, los partidos políticos tienen un papel por demás importante, en tanto que vehículos de intermediación entre la ciudadanía y quienes les representan en los organismos del Estado. Por ello, es importante prestar atención a ese asunto y a la necesidad imperante de una adecuada Ley Electoral. Los partidos políticos deben ser vistos como verdaderas instituciones de derecho público cuyo objetivo debe encaminarse hacia la consecución del beneficio común (de país) y no como mecanismos o medios para obtener beneficios personales y particulares en las instituciones públicas de manera rápida y corrupta. No hay que olvidar que, hacer las cosas y hacerlas bien es importante, particularmente desde al ámbito político, cuando se trata del futuro de todo un país.
