Marco Trejo
La alianza oficialista del Congreso vuelve atacar al Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas Andrade, pero ahora utiliza otra pieza del ajedrez gubernamental. Primero los atacados fueron los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), pero como no han podido lograr su cometido, tratan de saciar su sed de venganza, para quienes los critican y se oponen a sus oscuros intereses.
Los señores diputados ahora le lanzan al Contralor General de la Nación, entidad que ha presentado una denuncia penal contra Rodas Andrade, sobre una supuesta irregularidad, que ven como un ilícito, en el manejo del presupuesto que tiene asignado la PDH. Lo acusan de haber desviado fondos, para uso personal y de sus allegados.
Derivado de dicha denuncia, los diputados de la alianza oficialista que integran la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República criticaron a Rodas Andrade y lo señalaron de cometer los delitos que se le imputan, por lo que pidieron que se le citara, en una nueva fecha, ante el pleno de diputados y decidir la destitución del magistrado de conciencia.
Antes fueron los Magistrados de la CC, quienes han sido acusados desde varios aspectos, cuando los que deberían de verse y analizarse, en su accionar, son los denominados Padres de la Patria, quienes se recetan computadoras, comida, seguros de vida, seguros médicos, seguridad personal, combustible y vehículos para no hacer nada de nada.
El trabajo de los congresistas es principalmente la aprobación de leyes, que beneficien a las mayorías, pero de eso no vemos nada y por lo visto en lo que resta del año solo aprobarán el Presupuesto General de la Nación y se irán de vacaciones a sus casas.
Si bien es cierto la función de los señores de la novena avenida, es fiscalizar el trabajo del Ejecutivo, solamente algunos diputados cumplen con ese trabajo, pero ninguno de los oficialistas esta en ese grupo. Estos señores que son unos 70 parlamentarios, únicamente andan viendo cómo se recetan proyectos que favorezcan a sus familiares y amigos cercanos.
En este año de pandemia se ha conocido que hay diputados que han formado empresas de fachada, para recetarse millonadas de los fondos del Estado, dinero que es producto de los impuestos, pero que han sido desviados para empresas que han sido creadas para fines corruptos. Pero en estos casos no pasa nada, no porque no exista tráfico de influencias, sino porque los involucrados son personajes que han sido electos por el voto popular. ¡Vaya argumento de estos señores!
Este es el argumento que tienen los honorables diputados, quienes se han convertido en saqueadores y se han llenado los bolsillos con dinero que no han sudado, pero que ahora los ha convertido en los nuevos ricos, esos políticos que se lanzan a elecciones populares, para recetarse proyectos que nunca en su vida pudieron haber tenido, pero como politiqueros han logrado a costillas de los impuestos del pueblo de Guatemala.
Pero allí no acciona la Contraloría General de Cuentas, porque ese puesto es político y para llegar al mismo tuvo que pasar por la aceptación de los congresistas, quienes al utilizar su embestidura han logrado cooptar las instituciones que deberían de velar por el buen uso de los recursos del Estado, pero eso no lo vamos a ver mientras se siga anteponiendo la politiquería a la justicia.
