Una semana ha transcurrido desde que el presidente, Alejandro Giammattei anunció que se reuniría con diversos sectores para escuchar propuestas que contribuyeran a mejorar el Presupuesto para el 2021. Foto Presidencia

Ayer el Presidente dijo que el Estado de Calamidad tiene que quedar atrás y que se dictarán normas sanitarias para enfrentar la pandemia administrando los semáforos. En realidad lo que debe quedar atrás es esa anacrónica y represiva Ley de Orden Público que no tiene cabida en pleno siglo XXI porque no hay cómo justificar que deban suprimirse derechos individuales consignados en la Constitución para enfrentar situaciones de emergencia, sea ésta política, sanitaria o por fenómenos naturales.

Dentro del marco constitucional, sin restringir ni mucho menos anular derechos individuales, el Estado tiene la capacidad de enfrentar los retos que se pongan enfrente con las leyes en la mano. Ni siquiera Trump, con todo y lo arbitrario y autoritario que es, ha pretendido suprimir garantías individuales para enfrentar la pandemia o para controlar las manifestaciones desatadas por el racismo existente en Estados Unidos. Pero en Guatemala persiste una ley que nos ha acompañado a lo largos de los casi 2 siglos de vida del país y que en 1965 fue elevada a rango constitucional por los Constituyentes de la época, que se conoce como Ley de Orden Público y que es un instrumento de represión que permite cualquier barbaridad que disponga un gobernante, desde mantener en prisión a sus enemigos sin consecuencias legales hasta gastar a manos llenas y como le de la gana el dinero público eliminando los procedimientos que buscan transparencia.

Giammattei lo dijo. No hace falta un Estado de Calamidad sino legislación respetuosa de los derechos individuales para controlar una pandemia y lo mismo aplica para todas las otras circunstancias en las que ahora se recurre a la Ley de Orden Público. Gobiernos democráticos tienen que confiar en los instrumentos de la democracia y la legalidad para resguardar el orden en condiciones especiales que puedan darse por factores arriba señalados. Ojalá que esto permita un debate sano para acabar con la aberración legal y anacrónica que es esa ley para reprimir al pueblo restringiendo sus garantías individuales.

Redacción La Hora

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