Víctor Ferrigno F.
La población de Guatemala es mayoritariamente joven, pero su futuro está siendo hipotecado, pues a ellos les tocará cargar con la mayor crisis de nuestra historia, y con un creciente endeudamiento que, en dos años, sumará unos Q 60 mil millones. Es hora que la juventud salga de la realidad virtual, y enfrente una dura realidad, que está siendo definida por los poderes fácticos del país.
La política real de un gobierno se define en el presupuesto, y no en los discursos dominicales, como los de Alejandro Giammattei quien, incluso, pretende adjudicarse el incremento de las remesas, que durante dos meses seguidos han superado los mil millones de dólares, gracias al esfuerzo de nuestros paisanos, expulsados de su terruño.
El pasado 2 de septiembre, como fija la ley, el ministro de Finanzas Públicas presentó al Congreso de la República el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Estado, por Q 99 mil 700 millones. Por insólito que parezca, el proyecto fue formulado subestimando la pandemia y la baja recaudación tributaria de este año. Como resultado, el presupuesto 2021 no dota de suficientes recursos para encarar los efectos del COVID-19, y un 32% será financiado con más deuda, rompiendo la disciplina fiscal que Guatemala ha mantenido históricamente, lo cual dificultará la obtención de financiamientos internacionales, tanto públicos como privados, en una época de sequía financiera.
Usualmente, el déficit fiscal rondó el 2% del PIB, pero el año entrante alcanzará un 4.9%, que equivale a Q30 mil 120 millones. Sumada esa deuda a la de este año, nosotros y nuestros nietos tendremos que pagar un adeudo de Q 60 mil millones, sin que nos consulten sobre el destino y la calidad del gasto, que seguramente estará plagado de corrupción. Ya es hora que despertemos, nos sacudamos la modorra, y participemos en la definición de nuestro porvenir.
Todo acuerdo u ofrecimiento político que carece de casilla presupuestaria es pura demagogia. En política, los acuerdos se cumplen solamente si tienen presupuesto y efectivos medios de verificación; sin eso, se convierten en papel mojado.
Este axioma viene a cuento, porque el Ministro de Finanzas anunció, con bombos y platillos, que este año se han hecho asignaciones a programas sociales para mermar el impacto económico del Covid-19, y que los recursos para el 2021 deberán destinarse a la reactivación económica y social. Sin embargo, este año no han funcionado los 10 programas emergentes del gobierno, y la programación del gasto público para el próximo año no apuntan a un auge socio-económico.
Para comenzar, los fondos de inversión apenas alcanzan un 20.6%; lo demás es gasto de funcionamiento. La relación es de cinco a uno; por cada cien quetzales del presupuesto, ochenta se van al pago de salarios y funcionamiento, y un 16% a amortización de deuda. Además, hay que revisar la calidad y los efectos sociales de la inversión; González Ricci defiende proyectos de infraestructura vial en la costa sur, que favorecen a cañeros y palmeros, no a los pequeños y mediamos empresarios, que generan el 75% de las fuentes de trabajo.
Para que Guatemala alcance un nivel de servicios de salud como los de Costa Rica, necesita invertir un 8% del PIB; actualmente apenas invierte el 1.3%. Sin embargo, para el año entrante, apenas le incrementaron el 0.72% al Ministerio de Salud, mientras que a Comunicaciones le aumentaron 51%, para subastar obra pública y coimas. Esa es la verdadera política del gobierno de Giammattei; lo demás son cuentos chinos, de domingo por la noche.
