Ayer la Contraloría General de Cuentas de la Nación informó que el Jefe de esa dependencia está padeciendo del Covid-19 sin presentar complicaciones y que se recupera siguiendo las precauciones y normas que se han establecido para todo el personal de la dependencia que dé positivo en esta pandemia. Por supuesto deseamos la pronta recuperación del funcionario de la misma manera en que esperamos que evolucione bien cualquier persona que resulte contagiada.
En el comunicado, en el que además de informar de la situación del doctor Edwin Salazar lo presentan como un incansable luchador contra la corrupción, dicen que mientras él esté fuera de funciones el equipo de subcontralores encabezado por Mario Xocoy está al frente de la institución y, esto es lo más importante, que la Contraloría “se encuentra trabajando con toda normalidad”, frase que obliga a reflexionar sobre qué es la normalidad en las funciones de esa crucial dependencia del Estado llamada a la más puntillosa fiscalización del uso de los recursos del Estado.
Y es que la normalidad de la Contraloría es fijarse en menudencias y hacer reparos en contra de funcionarios menores, generalmente por errores administrativos, mientras que la verdadera corrupción es ignorada de forma deliberada y como parte de lo que es normal porque los Contralores son designados para ser cómplices del sistema. Es cierto que hay otra función de la Contraloría que empezó justamente después de que se destaparon los casos de corrupción en el 2015 y es la de convertirse en instrumento para acosar a los que de una u otra manera fueron parte de ese esfuerzo por investigar los delitos cometidos mediante el aprovechamiento ilegal de los recursos públicos o mediante el otorgamiento de favores y privilegios a cambio de sobornos. No es extraño que haya sido capturado hace pocas semanas, por andar pidiendo mordidas, el auditor de la Contraloría que presentó denuncias en contra de la anterior Fiscal General señalando una supuesta plaza fantasma.
Históricamente la Contraloría de Cuentas ha acosado a tesoreros de recónditas municipalidades o empleados menores de otras dependencias, pero a los meros tatascanes de la corrupción los apaña y protege porque para ello es que se hace la cuidadosa selección cada vez que hay que designar a un nuevo titular y tiene que ser alguien que se comprometa a no hacer olas más que cuando así le conviene a los que controlan los principales negocios en el sector público y trabajan coludidos con particulares, copetudos o pelados, que se encargan de saquear el erario público del país.
