El tema del precio tope a medicamentos en medio de la pandemia y el Estado de Calamidad ha generado polémica porque en un sistema de libre mercado se espera que los precios sean resultado de la ley de la oferta y la demanda sin interferencias estatales. Guatemala se rige por el libre mercado que se basa en la libre competencia para que el consumidor libremente decida qué producto adquirir tomando en cuenta precio y calidad, pero hasta los más firmes creyentes de esa práctica económica advierten sobre las distorsiones que puede sufrir el mercado y que repercuten en perjuicio del consumidor.
Y cuando el gran distorsionador del mercado es nada menos que el Estado la cosa es mucho más grave. Se ha preguntado el lector por qué en Guatemala los medicamentos son muchísimo más caros que en prácticamente cualquier otro lugar del mundo. La razón es muy sencilla: la corrupción en el abastecimiento al Estado ha creado un oligopolio de corruptos que se ponen de acuerdo para vender caro y así repartir mordidas a diestra y siniestra. Y si el mayor consumidor en un mercado paga elevados precios, el minorista o consumidor individual tiene que comprar de acuerdo a esos valores pactados de manera inmoral entre proveedores colusionados con funcionarios corruptos.
Las bondades del mercado suponen competencia entre distintos proveedores para que el consumidor tenga donde escoger, pero cuando esos proveedores se ponen de acuerdo no hay competencia y entonces el consumidor queda indefenso. Por eso los monopolios y los oligopolios son los destructores del libre mercado y en muchos sitios la legislación prohíbe los primeros e investiga cuando se sospechan los segundos.
Tristemente son los excesos y abusos en el ejercicio de libertades lo que obliga a leyes y regulaciones para impedir tales prácticas. Y en materia de mercado pasa lo mismo, puesto que cuando hay distorsiones maliciosas en la oferta y la demanda, van surgiendo regulaciones que afectan el libre mercado. Pero el asunto es mucho más grave cuando el Estado es quien provoca, por la ambición de los corruptos funcionarios, esa distorsión maliciosa porque, usando el dinero público, estimulan el alza de precios porque ello les deja más y mejores mordidas.
Mientras no se termine la corrupción en la compra de medicamentos estaremos condenados a pagar altos precios por las medicinas y ni siquiera precios tope servirán de nada porque los mismos funcionarios quieren precios más altos para embolsarse más dinero. Esa es la realidad de nuestro mercado de medicinas que poca gente quiere abordar.
